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Nuevo Gobierno y Convención Constitucional

  • Por Diego Hernández, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI.

Diego Hernández, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI.

Hemos concluido el proceso eleccionario de segunda vuelta con el triunfo del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, por amplia margen frente al candidato José Antonio Kast, en un proceso ejemplar y con amplia participación ciudadana, especialmente de jóvenes y mujeres.

Frente a estos resultados, confiamos en que prevalezca el espíritu de convergencia programática, moderación y apertura al diálogo mostrado durante la última semana de campaña por el presidente electo. Nuestra historia nos muestra que, a través de los consensos, búsqueda de mayorías amplias y transformaciones responsables y progresivas, se consigue el progreso y se aumenta el bienestar de la ciudadanía.

A través de una declaración pública, nuestro gremio ha expresado al Presidente Boric sus deseos de éxito y nuestra disposición a colaborar para trabajar en una agenda que permita que la minería siga aportando al desarrollo de Chile.

La asunción del nuevo gobierno coincide con el trabajo más de fondo de la Convención Constitucional, que debiera terminar en julio con la presentación al país de una nueva constitución que debe ser plebiscitada.

Como organización con 138 años de existencia, estamos fuertemente comprometidos con la elaboración de la nueva Carta Magna. Es así como elaboramos una propuesta minera que hicimos llegar a todos los constituyentes y también presentamos nuestra postura frente a la a la Comisión Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico de la Convención Constitucional, ocasión en que destacamos “la relación virtuosa entre gran, mediana y pequeña minería, capital estatal y privado, sin conflictos de interés y con cada sector aportando de acuerdo con sus características y fortalezas”.

SONAMI estima necesario que las normas constitucionales que se dicten den la suficiente amplitud a las regulaciones legales específicas, para permitir el desarrollo del país y del sector. El marco institucional, político, económico y jurídico que consagre la Constitución debe generar confianza, estabilidad y seguridad, elementos claves para atraer y promover la inversión junto con el desarrollo, particularmente si se trata de la actividad minera que se despliega en el largo plazo.

De la misma forma, hemos planteado la necesidad que se mantenga la arquitectura jurídica que ha permitido el desarrollo minero durante estas últimas tres décadas.

Finalmente, a través de Compromiso Minero, una instancia que reúne a 75 organizaciones adherentes, hemos presentado una Iniciativa Popular de Normas llamada: “Por una minería sustentable para Chile: comprometida con sus habitantes, sus territorios, el medio ambiente y los desafíos del cambio climático”.

Esta IPN cuenta con el respaldo de Compromiso Minero, que agrupa a compañías mineras pequeñas, medianas y grandes; empresas proveedoras de la minería de todos los tamaños; emprendedores del sector minero; asociaciones gremiales que representen a las empresas anteriores; colegios que reúnen a profesionales y técnicos de disciplinas mineras; gremios de otras actividades económicas de regiones mineras; y entidades educativas, de formación, de estudios, de innovación y de tecnología.

La IPN ya fue aprobada y estamos ahora en pleno proceso del levantamiento de las 15 mil firmas. Todo el ecosistema de Compromiso Minero está trabajando intensamente en ello. (Boletín Minero, Sonami. Enero 2022)

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