CODELCO y el desafío de un nuevo esquema jurídico para la minería chilena estatal

• Por Gastón Fernández Montero, abogado experto en Derecho Minero, historiador y pequeño empresario minero. //

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) es el resultado de un proceso histórico que transformó la relación del Estado con sus recursos estratégicos.

Desde las sociedades mixtas impulsadas por Frei Montalva, pasando por la nacionalización constitucional de Allende, hasta la corporativización bajo Pinochet, el cobre ha sido administrado como patrimonio estatal. Sin embargo, la situación actual —donde una empresa privada (Escondida) ha superado a CODELCO en producción y competitividad— obliga a revisar si el esquema vigente sigue siendo el más adecuado.

FUNDAMENTOS HISTÓRICOS Y JURÍDICOS

Revisemos la evolución de la minera estatal y los fundamentos históricos y jurídicos que la sustentan:

• Frei Montalva y las sociedades mixtas: La chilenización del cobre se materializó en sociedades colectivas entre el Estado y empresas extranjeras. El Estado mantenía la propiedad de las minas, pero compartía la explotación con privados, en un modelo que buscaba equilibrio entre soberanía y eficiencia.
• Allende y la nacionalización constitucional: En 1971, la reforma constitucional otorgó al Estado la propiedad plena de los yacimientos, disolviendo las sociedades mixtas. Jurídicamente, se consagró la soberanía absoluta sobre el cobre como un acto de justicia patrimonial.
• Pinochet y el DL 1350 que creó la Corporación Nacional del Cobre, CODELCO:  La Junta de Gobierno el 30 de enero de 1976, expresó a través de los considerandos del mismo decreto ley, las razones de su decisión de crear una sola empresa estatal con todos los yacimientos de la gran minería del cobre. Vale la pena leer esos considerandos que contienen los propósitos de esa determinación y lo que ha ocurrido desde esa fecha a la actualidad

LA SITUACIÓN ACTUAL: LÍMITES DEL ESQUEMA VIGENTE

Hoy, CODELCO enfrenta un escenario en que una empresa privada ha sobrepasado su producción. Este hecho revela que la corporativización estatal, aunque asegura soberanía y continuidad patrimonial, no garantiza liderazgo en un mercado globalizado.

Aquí surge la cuestión de fondo: ¿es función prioritaria del Estado realizar directamente la actividad económica? La tradición jurídica y política sugiere que no. El Estado tiene como misión principal asegurar el bien común, la justicia patrimonial y la soberanía sobre los recursos, más que asumir en totalidad la gestión empresarial.

¿HACIA UN NUEVO ESQUEMA HÍBRIDO?

En este análisis existen varios escenarios posibles:

• Estado como propietario soberano: El Estado debe mantener la propiedad de los yacimientos, como antiguamente lo hacía el Rey, asegurando que los recursos estratégicos sigan siendo bienes nacionales.
• Privados como gestores eficientes: La explotación podría abrirse a mayor participación privada, bajo concesiones reguladas, garantizando inversión, innovación y competitividad.
• Equilibrio entre justicia y eficiencia: El nuevo esquema debería asegurar que la renta minera se redistribuya en beneficio del bien común, sin que el Estado cargue con la totalidad de la gestión empresarial.

CONCLUSIÓN: UN DEBATE ABIERTO

CODELCO fue la respuesta jurídica y política de una época marcada por la nacionalización y la soberanía estatal. Hoy, el desafío es distinto: mantener la propiedad estatal de los yacimientos, pero permitir que privados participen más activamente en la explotación, bajo un marco regulado que garantice justicia patrimonial y desarrollo territorial.

El debate público debe preguntarse si ha llegado el momento de cambiar el esquema actual, pasando de un modelo de gestión estatal total a uno híbrido, donde el Estado sea garante de la soberanía y el bien común, y los privados asuman un rol más dinámico en la actividad económica de la principal empresa estatal.