Golpe judicial a Collahuasi reabre la batalla por un proyecto de US$3.200 millones cuando ya roza su fase final de ejecución

• La sentencia, difundida el viernes 15 de mayo de 2026 por el Segundo Tribunal Ambiental, cambió de manera abrupta el escenario para el proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”, una iniciativa estimada en más de US$3.200 millones concebida para extender por dos décadas la continuidad operacional de la faena, elevar su capacidad productiva y reducir el uso de agua continental mediante la incorporación de agua desalada.

El Segundo Tribunal Ambiental anuló la resolución ambiental favorable del proyecto de desarrollo de infraestructura y mejoramiento de capacidad productiva de Collahuasi y ordenó retrotraer su evaluación para un nuevo análisis acotado al medio humano y al medio marino. El revés golpea a una de las inversiones mineras más relevantes en ejecución en Chile, justo cuando la compañía sostiene que el proyecto cuenta con una aprobación obtenida hace cinco años, una inversión ya ejecutada de magnitud y una planta desaladora en etapa final de construcción.

La sentencia, difundida el 15 de mayo de 2026 por el Segundo Tribunal Ambiental, cambió de manera abrupta el escenario para el proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi”, una iniciativa estimada en más de US$3.200 millones concebida para extender por dos décadas la continuidad operacional de la faena, elevar su capacidad productiva y reducir el uso de agua continental mediante la incorporación de agua desalada. El fallo acogió una de las reclamaciones presentadas por las asociaciones indígenas Wilamasi de Pescadores Mamq’uta Caleta Chanavaya y Aymara de Caleta Chanavaya, luego de que el Comité de Ministros hubiera rechazado previamente sus recursos administrativos contra la RCA favorable del proyecto.

EL DIAGNÓSTICO DEL TRIBUNAL

En lo medular, el Tribunal concluyó que la resolución reclamada “carece de una debida fundamentación”, al estimar que varias observaciones formuladas durante la participación ciudadana fueron abordadas de manera incompleta y sin una ponderación técnica y jurídica suficiente. A partir de ese diagnóstico, la sentencia dejó sin efecto la RCA y ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental retrotraer el procedimiento hasta antes de la dictación del Informe Consolidado de Evaluación, para elaborar un nuevo Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones que vuelva a pronunciarse sobre materias sensibles. Entre ellas figuran la línea de base del medio humano indígena, el uso del maritorio en Punta Patache y el sector Puerto Collahuasi, la necesidad de realizar las reuniones del artículo 86 del Reglamento del SEIA y, a partir de esos antecedentes, evaluar si corresponde una consulta indígena.

El fallo también abrió un flanco técnico en el componente marino. El tribunal ordenó revisar nuevamente observaciones sobre la verificabilidad de la velocidad de succión de agua de mar, la sedimentación de la descarga hipersalina en el fondo marino, el comportamiento del flujo salino en el mediano y largo plazo y el alcance del plan de vigilancia ambiental asociado a la planta desaladora.

Según la sentencia, el análisis previo no entregó fundamentos suficientes para descartar impactos en el suelo marino ni para asegurar un seguimiento adecuado, especialmente considerando que la plena operación de la desaladora se proyecta para años posteriores al período inicialmente cubierto por el plan de monitoreo.

LA REACCIÓN DE COLLAHUASI

La reacción de Collahuasi fue inmediata y apuntó a subrayar el carácter acotado del revés. La compañía informó que se encuentra evaluando las acciones legales a seguir y enfatizó que la resolución judicial no invalida íntegramente todos los componentes del proyecto, sino que instruye al SEA a retrotraer el proceso para efectuar un nuevo análisis circunscrito a observaciones vinculadas al medio humano y al medio marino. En esa línea, la minera defendió la legalidad de su tramitación ambiental y sostuvo que el proyecto se desarrolló “en todo momento conforme a la normativa vigente y bajo la institucionalidad ambiental correspondiente”, recordando además que, ese criterio ya había sido respaldado por el Comité de Ministros en agosto de 2023, cuando rechazó reclamaciones impulsadas por las mismas comunidades que ahora obtuvieron un fallo favorable.

En su respuesta pública, la empresa puso el acento en el estado de avance de la iniciativa. Remarcó que el proyecto cuenta con una RCA favorable obtenida hace cinco años, que considera una inversión ejecutada de aproximadamente US$3.200 millones y que su planta desaladora se encuentra en etapa final de construcción. Ese punto es central para la lectura que hoy hace la industria: distintas fuentes del sector sostienen que Collahuasi ya habría materializado cerca del 90% de la inversión estimada, una magnitud que vuelve especialmente sensible cualquier retroceso administrativo o eventual paralización en una fase tan avanzada. Más que un simple ajuste procedimental, el dictamen instala una señal de incertidumbre regulatoria sobre el desarrollo y la continuidad de una iniciativa que venía siendo exhibida como pieza clave para la expansión minera y para una operación con menor dependencia de aguas continentales.

LA RUTA ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO

La ruta administrativa del proyecto explica la profundidad del conflicto. El estudio ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en enero de 2019 y obtuvo calificación favorable el 21 de diciembre de 2021. Posteriormente, en agosto de 2023, el Comité de Ministros desestimó recursos de reclamación contra esa aprobación, mientras que en enero de 2024 fueron rechazadas solicitudes de invalidación, decisiones que terminaron siendo llevadas a sede judicial. Con esas actuaciones en la mira, el Segundo Tribunal Ambiental revisó reclamaciones acumuladas y concluyó que la autoridad ambiental no había dado respuesta suficientemente fundada a observaciones clave de las comunidades reclamantes, particularmente en lo referido a su caracterización dentro de la línea de base humana y al análisis de eventuales afectaciones derivadas del uso del borde costero y del maritorio.

El caso irrumpe, además, en un momento políticamente sensible para la discusión sobre inversión y permisos en Chile. Mientras el país debate mecanismos para acelerar proyectos estratégicos y reducir trabas regulatorias, la resolución judicial vuelve a poner en primer plano el equilibrio entre certeza jurídica, exigencias ambientales y participación indígena efectiva.

Para Collahuasi, el frente inmediato será definir si escala el caso a instancias superiores en busca de revertir el fallo. Para el SEA, en cambio, se abre la obligación de rehacer parte de la evaluación con un estándar de fundamentación más exigente.

Y para el sector minero, la señal es inequívoca: incluso proyectos aprobados, avanzados y con miles de millones de dólares comprometidos pueden volver atrás si los tribunales estiman que la evaluación no resolvió con suficiente solidez los impactos humanos y marinos en disputa.