El nacionalismo de los recursos ha vuelto. La verdadera prueba es la ejecución

• Por Alina Karpunina, Project Manager GEM. //

El nacionalismo de los recursos vuelve a convertirse en un tema central en la minería. Pero este ciclo es diferente al anterior.

En el pasado, el nacionalismo de los recursos solía asociarse con nacionalizaciones, mayores regalías o propiedad estatal directa. Hoy es más sofisticado. Incluye controles a la exportación, requisitos de procesamiento, cuotas, políticas de minerales estratégicos, empresas estatales, asociaciones público-privadas y un mayor control gubernamental sobre la cadena de valor.

Un artículo reciente de MINING.COM sobre nacionalismo de los recursos y minerales críticos destaca este cambio. El artículo sostiene que el antiguo manual de la minería ya no funciona, porque los gobiernos están utilizando cada vez más controles a la exportación, cuotas e intervención estatal para proteger su posición en el litio, las tierras raras y otros minerales críticos.

Esto es cierto. Pero, desde una perspectiva de economía minera y evaluación de proyectos, la pregunta debería ir un paso más allá. El principal problema no es si los gobiernos quieren más control. Muchos lo quieren y, en el contexto geopolítico actual, esto no resulta sorprendente. La verdadera pregunta es si los países tienen la capacidad de convertir ese control en valor.

AQUÍ ES DONDE EL DEBATE SE VUELVE MÁS PRÁCTICO

Los minerales críticos ya no se consideran solo commodities. El cobre, el litio, el cobalto, el níquel, el grafito y las tierras raras están ahora vinculados a baterías, vehículos eléctricos, redes eléctricas, energías renovables, manufactura avanzada, inteligencia artificial y defensa. Para los gobiernos, estos minerales no son solo productos de exportación. Son activos estratégicos.

Por esta razón, los países ricos en minerales quieren capturar cada vez más valor antes de que el material salga del país. Buscan más procesamiento local, más desarrollo industrial, más empleos, mayores ingresos fiscales y más control sobre las cadenas de suministro. Esta ambición es comprensible. Ningún país quiere seguir siendo únicamente proveedor de materias primas mientras la mayor parte del valor se crea en otro lugar.

Sin embargo, agregar valor es más fácil de anunciar que de construir. Un gobierno puede exigir el procesamiento doméstico de concentrados de cobre, litio, níquel o tierras raras. Puede restringir exportaciones o crear una empresa estatal. Puede exigir una asociación público-privada o reservar un rol estratégico para el Estado. Pero ninguna de estas medidas crea valor automáticamente.

Para crear valor, un país también necesita energía, agua, infraestructura, puertos, caminos, ferrocarriles, mano de obra calificada, tecnología, permisos ambientales, financiamiento, clientes y reglas estables. Si estas condiciones no existen, el nacionalismo de los recursos puede convertirse en un cuello de botella en lugar de una estrategia de desarrollo.

Esta es una de las principales observaciones del trabajo de GEM Mining Consulting sobre participación estatal, política del litio y la historia de la nacionalización minera. La participación estatal ha producido resultados mixtos entre países y commodities. En algunos casos, ayudó a aumentar la participación nacional, redistribuir ingresos y desarrollar capacidades locales. En otros, redujo la inversión privada, ralentizó el desarrollo de proyectos, generó ineficiencias o debilitó la competitividad de largo plazo del sector minero.

Esto significa que la discusión no debería reducirse a una simple pregunta de “Estado versus sector privado”. Esa mirada es demasiado limitada. La mejor pregunta es: ¿qué forma de participación estatal crea más valor y bajo qué condiciones?

CHILE ES UN EJEMPLO ÚTIL

La nacionalización del cobre en Chile en la década de 1970 fue uno de los acontecimientos más importantes en la historia minera. Dio origen a Codelco, que sigue siendo uno de los productores de cobre más importantes del mundo. Pero la estrategia actual de Chile para el litio es diferente. No es una simple repetición de la nacionalización del cobre. Es una forma más moderna de nacionalismo de los recursos. A través de la Estrategia Nacional del Litio, el Estado chileno busca un rol más fuerte en el litio, principalmente mediante asociaciones público-privadas y un mayor control sobre recursos estratégicos. Esto refleja una tendencia global más amplia: los gobiernos quieren más influencia, pero también saben que el capital privado, la tecnología y la experiencia operativa siguen siendo necesarios.

Esta distinción es importante. La propiedad estatal del recurso no significa automáticamente producción estatal del mineral. En el litio, muchos países tratan legalmente los recursos minerales como propiedad del Estado. Pero la producción suele estar a cargo de empresas privadas mediante concesiones, contratos o asociaciones.

El análisis de GEM sobre la industria del litio muestra que la producción estatal directa ha representado solo una pequeña proporción de la producción mundial de litio, incluso cuando el Estado controla legalmente la base de recursos. Este es un punto clave para el debate actual. La propiedad no es lo mismo que la ejecución.

Un país puede controlar el recurso y aun así perder competitividad si los proyectos se retrasan, si la tramitación de permisos es poco clara, si el régimen fiscal es inestable o si los socios privados no tienen suficiente confianza para invertir. En minerales críticos, la velocidad importa. Los países que avanzan más rápido pueden ganar participación de mercado, incluso si no tienen los mejores recursos.

Esto ya es relevante para Chile. Chile cuenta con recursos de litio de clase mundial, pero su posición competitiva está bajo presión a medida que Argentina y China expanden su producción. El problema no es solo el potencial geológico. También es la claridad de las políticas, la velocidad de desarrollo de proyectos y la capacidad de transformar recursos en producción.

CAPTURAR MÁS VALOR DE LOS MINERALES CRÍTICOS

La misma lógica se aplica a otros países que quieren capturar más valor de los minerales críticos Por ejemplo, una política que exige procesamiento doméstico puede parecer positiva porque promete desarrollo industrial. Pero si el país no cuenta con suficiente electricidad, capacidad de transporte, tecnología de procesamiento o capacidad de aprobación ambiental, la política puede retrasar la producción. En ese caso, el país podría capturar menos valor, no más.
Esto no significa que el procesamiento doméstico sea una mala idea. En muchos casos, puede ser una buena estrategia. Pero debe ser realista. Debe estar conectada con la capacidad real del país.

Un mandato de procesamiento puede crear valor cuando existe escala suficiente, energía confiable, costos competitivos, acceso a tecnología y demanda estable. También puede funcionar cuando se introduce gradualmente, con reglas claras y plazos realistas. Pero si se implementa demasiado pronto o sin la infraestructura necesaria, puede aumentar el riesgo del proyecto y reducir la inversión.

Por eso, el nuevo nacionalismo de los recursos debería evaluarse como un problema de ejecución, no solo como una tendencia política.

En GEM Mining Consulting, abordaríamos este tema mediante análisis de escenarios, economía de proyectos y evaluación de riesgos de la cadena de valor. Un estudio más detallado podría comparar distintos modelos de política pública y estimar cómo cada uno afecta la inversión, los plazos de producción, los ingresos del gobierno, la capacidad de procesamiento y la competitividad.

Por ejemplo, un escenario podría asumir mayores regalías, pero sin participación estatal accionaria. Otro podría incluir participación estatal mediante una asociación público-privada. Un tercero podría exigir procesamiento local antes de la exportación. Un cuarto podría combinar participación estatal, requisitos de procesamiento y controles a la exportación.

EL RIESGO POLÍTICO DEBE SER PARTE DE TODO PROYECTO

Para las compañías mineras, la lección también es clara. El riesgo político ya no es un tema secundario. Debe formar parte del modelo del proyecto desde el inicio. Un estudio de factibilidad para un proyecto de minerales críticos no debería considerar solo geología, metalurgia, CAPEX, OPEX y precios de commodities. También debería considerar posibles cambios en normas de exportación, requisitos de procesamiento, participación estatal, términos fiscales y restricciones de la cadena de suministro.

Para el público, la pregunta clave no es si el Estado debería participar. En muchos países, ya lo hace. La verdadera pregunta es si la participación estatal mejora los resultados: más producción, mejores empleos, proveedores locales más fuertes, estándares ambientales más altos, mejores ingresos fiscales y competitividad de largo plazo.

CADA MODELO GENERARÍA UN PERFIL DE RIESGO DIFERENTE

Mayores regalías pueden aumentar los ingresos del gobierno, pero reducir los márgenes de proyectos más marginales. La participación estatal puede aumentar la participación nacional, pero también agregar complejidad de gobernanza. Los mandatos de procesamiento pueden apoyar la industrialización, pero solo si existe capacidad de procesamiento. Las restricciones a la exportación pueden fortalecer las cadenas de suministro domésticas, pero también pueden afectar contratos y reducir la confianza de los inversionistas.

La respuesta no es la misma para todos los países ni para todos los commodities. El concentrado de cobre es diferente de las salmueras de litio. Las salmueras de litio son diferentes del litio de roca dura. La minería de tierras raras es diferente de la separación de tierras raras. El níquel laterítico es diferente del níquel sulfurado. Cada commodity tiene sus propias condiciones técnicas, de infraestructura, ambientales y de mercado.

Por eso, el nacionalismo de los recursos debe evaluarse caso a caso, según cada commodity y cada país. Una política que funciona para un mineral puede fracasar para otro.

El debate público suele enfocarse en quién controla el mineral. Pero la pregunta más importante es quién puede desarrollarlo de manera eficiente y sostenible. El control sin capacidad de ejecución puede generar retrasos. La ejecución sin beneficio nacional puede generar oposición pública. La tarea difícil es encontrar el equilibrio.

Para los gobiernos, la lección es clara. Si el objetivo es capturar más valor, la política debe estar alineada con infraestructura, capacidad de permisos, capacidad técnica, mecanismos de financiamiento y plazos realistas. De lo contrario, la política puede verse fuerte políticamente, pero débil económicamente.

El nacionalismo de los recursos no está desapareciendo. Está evolucionando El modelo antiguo trataba sobre quién era dueño de la mina. El nuevo modelo trata sobre quién controla la cadena de valor. Pero en minería, el control no basta. Los proyectos aún deben financiarse, obtener permisos, construirse, operarse y conectarse con los mercados.

Por eso, la próxima fase del nacionalismo de los recursos no será juzgada solo por anuncios de política pública. Será juzgada por su capacidad de cumplimiento.

Los países que combinen control estratégico con capacidad de ejecución se beneficiarán. Los países que confundan control con capacidad pueden perder tiempo, inversión y participación de mercado.

En minerales críticos, la estrategia ganadora no será la más nacionalista ni la más liberal. Será aquella capaz de convertir el potencial mineral en una oferta real, competitiva y sostenible.