Daniel Weinstein y judicialización de proyectos: “Certeza jurídica no significa impedir que se reclame, sino contar con reglas y plazos claros”

• El socio de SCLB Abogados aborda el impacto que está teniendo la ralentización en Tribunales Ambientales sobre grandes proyectos de inversión. A su juicio, el desafío está en compatibilizar el acceso a la justicia y altos estándares con procedimientos que entreguen mayor previsibilidad y se resuelvan en plazos razonables.

La judicialización de proyectos de inversión se ha instalado como una nueva fuente de incertidumbre para iniciativas que ya han atravesado y aprobado su evaluación ambiental.

Su impacto se concentra en inversiones de gran magnitud. Según cifras de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), al primer semestre de 2026 un 4,5% de los proyectos había enfrentado reclamaciones admitidas por los Tribunales Ambientales, cifra récord a la fecha.

A ello se suman antecedentes de SOFOFA, que identificó 244 proyectos judicializados entre 2013 y 2026, los que concentran cerca del 14% de la inversión y el 13% del empleo asociado a las iniciativas analizadas.

Los antecedentes revisados muestran que las controversias pueden prolongarse por años, pese a que una alta proporción de las resoluciones ambientales termina siendo confirmada. La CPC ha estimado que cerca del 80% de las RCA (resolución de calificación ambiental) mantiene finalmente su condición inicial, mientras estudios de Sofofa sitúan en torno a un año y medio la tramitación promedio ante los Tribunales Ambientales.

En este contexto, Daniel Weinstein, abogado y socio de SCLB Abogados, analiza que se trata de “un fenómeno acotado en número, pero muy relevante por el tipo y tamaño de los proyectos que afecta. Según la CPC, al primer semestre de 2026 un 4,5% de los proyectos había enfrentado reclamaciones admitidas, pero estos concentraban un 21,5% de la inversión evaluada, es decir, US$ 57.536 millones.

Chile tiene instituciones sólidas y tribunales especializados. El problema, desde la perspectiva de quien desarrolla un proyecto, es saber cuándo y en qué condiciones termina realmente la revisión de una decisión. Certeza jurídica no significa impedir que se reclame, sino contar con reglas y plazos claros.

• ¿Es la judicialización de proyectos una nueva “permisología”?

En la práctica, puede llegar a serlo. Cuando una RCA favorable no cierra la discusión y su revisión se extiende por años, el proyecto enfrenta una nueva etapa de incertidumbre antes de poder avanzar. Que exista control judicial no es el problema. Lo que importa es tener claridad sobre las causales y los plazos para impugnar las decisiones administrativas, y cuánto tarda esa revisión. Por eso debemos mejorar la calidad de las decisiones, acotar las vías de impugnación y resolver las controversias en plazos razonables.

• Las cifras muestran que una alta proporción de las decisiones sobre los proyectos termina siendo confirmada por los tribunales. ¿Qué lectura hace de esa realidad?

Que en el 80% de las causas analizadas la RCA mantenga finalmente su calificación inicial muestra que, en general, las decisiones administrativas resisten la revisión judicial. Si después de recorrer todas las instancias la decisión se mantiene, deberíamos preguntarnos cómo reducir los plazos de la revisión judicial y la incertidumbre que esta genera. Para un proyecto, esos años de incertidumbre pueden ser muy perjudiciales, aunque la decisión judicial termine siendo favorable.

FALSA DICOTOMÍA

¿Cómo abordar este debate para evitar que se transforme en una falsa dicotomía entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente?

No veo una contradicción inevitable. Un proyecto necesita una evaluación ambiental seria, participación efectiva y una decisión bien fundada; también necesita saber cuánto tiempo tomará el proceso y poder confiar en lo resuelto. Una aprobación rápida pero débil no le sirve a nadie. Tampoco un procedimiento que se extiende indefinidamente. Podemos exigir altos estándares ambientales y, al mismo tiempo, decidir de forma oportuna.

¿De qué manera se puede fortalecer la participación de las comunidades para brindar legitimidad social a los proyectos sin que ello implique extender la tramitación a procesos indefinidos?

Hay que escuchar a las comunidades temprano, cuando todavía es posible ajustar el proyecto, entregar información comprensible y responder de verdad sus observaciones. El diálogo no debiera comenzar cuando las posiciones ya están enfrentadas. Al mismo tiempo, la participación formal necesita etapas y plazos definidos, y la consulta indígena debe realizarse cuando corresponda. Participar no supone estar de acuerdo con el resultado, pero sí tener una oportunidad real de influir en la decisión.