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Patentes mineras: certeza jurídica para volver a impulsar la inversión

  • Por Macarena Iturra Jáuregui, Socia de OI Abogados. //

Macarena Iturra Jáuregui, Socia de OI Abogados.

La reciente publicación de la Ley N.º 21.853, que simplifica el régimen de patentes mineras, constituye una oportunidad para reflexionar sobre uno de los desafíos estructurales de Chile: cómo construir un marco regulatorio que, sin renunciar al cumplimiento de las obligaciones legales y ambientales, permita desarrollar efectivamente nuestro extraordinario potencial geológico.

La reforma aborda una problemática que trasciende el costo de mantener una concesión minera. En efecto, el sistema de amparo no puede analizarse exclusivamente desde una perspectiva recaudatoria, desconociendo los extensos períodos de exploración, evaluación ambiental, financiamiento y desarrollo que caracterizan a esta industria.

Entre sus principales modificaciones destacan la eliminación de la progresividad de las patentes de explotación, el establecimiento de una tarifa general de 0,4 UTM por hectárea y la ampliación de las hipótesis que permiten acceder a una tarifa rebajada de 0,1 UTM. Asimismo, contempla mecanismos especiales para la pequeña minería y medidas transitorias destinadas a enfrentar situaciones de morosidad y eventuales remates de concesiones.

Sin embargo, el verdadero alcance de esta modificación legislativa debe examinarse desde una perspectiva más amplia.

La minería requiere inversiones cuantiosas, planificación de largo plazo y estabilidad normativa. Una concesión minera no representa necesariamente un proyecto económicamente viable ni una explotación inmediata. Entre el descubrimiento de un recurso y su eventual producción pueden transcurrir muchos años, durante los cuales las empresas enfrentan riesgos geológicos, tecnológicos, ambientales y financieros.

Por ello, resulta fundamental distinguir entre la legítima necesidad de evitar la inmovilización especulativa de concesiones y el riesgo de imponer cargas económicas desproporcionadas a quienes desarrollan iniciativas reales, aunque todavía no hayan alcanzado su etapa productiva.

La simplificación regulatoria tampoco debe confundirse con una disminución de los estándares exigibles. Por el contrario, un sistema más claro, predecible y eficiente puede favorecer una fiscalización efectiva, reducir controversias y permitir que los recursos públicos y privados se concentren en actividades que generan valor.

La reforma adquiere especial importancia en un escenario internacional de creciente competencia por capitales destinados al cobre, litio y otros minerales estratégicos. Chile dispone de ventajas geológicas excepcionales, pero estas, por sí solas, no garantizan que los proyectos se materialicen. La calidad institucional, la oportunidad de las decisiones administrativas y la certeza jurídica son igualmente determinantes.

Persisten, naturalmente, desafíos relevantes. La implementación reglamentaria deberá evitar nuevas complejidades burocráticas, establecer criterios objetivos y asegurar procedimientos oportunos y transparentes. También será necesario evaluar sus efectos sobre la actividad exploratoria, la continuidad de los pequeños productores y el uso efectivo de las concesiones.

En definitiva, el debate sobre las patentes mineras plantea una cuestión de fondo: qué condiciones regulatorias necesita Chile para seguir siendo una potencia minera mundial.

La respuesta exige comprender que proteger el interés público y promover la inversión no son objetivos contrapuestos. Una regulación equilibrada debe ser capaz de compatibilizarlos.

Porque el verdadero patrimonio minero de Chile no reside únicamente en los recursos que alberga su subsuelo, sino también en nuestra capacidad institucional para transformarlos responsablemente en inversión, empleo y desarrollo para las futuras generaciones.

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