Abogados de Codelco y del CDE califican de extrema gravedad el fraude a la empresa estatal

• Codelco está comprometido con la probidad y con el estado de derecho dice el abogado Julián López; en tanto, su colega Luppy Aguirre del Consejo de Defensa del Estado,  sostiene que este caso, sin duda, es de los más graves de la historia.

Un hecho delictual sin precedentes por cohecho, soborno y lavado de activos vinculados a fallos judiciales que favorecieron al consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM) y que tiene como víctima a Codelco, es el que se encuentra investigando la jueza Patricia Michelle y que este sábado 15 derivó en la prisión preventiva de los principales involucrados en el caso: los abogados Mario Vargas y Carlos Lagos; además de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, quien también está siendo investigada en los hechos.

La causa caratulada Corte Suprema rol 141.421 de 2023, recurso de protección, consorcio Belaz Movitec SPA-Codelco ha dejado en evidencia una serie de aristas de gran connotación pública por el modus operandi de los involucrados.

HABLAN LOS ABOGADOS

En un punto de prensa, al término de la audiencia y una vez conocida la resolución de la jueza Patricia Michelle, la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Luppy Aguirre, respondió las consultas de los periodistas.

¿Qué le parece la medida de prisión preventiva dictada hoy día?

Bueno, nos parece absolutamente proporcional a la naturaleza de los hechos que están siendo investigados en esta causa. Por ello, el Consejo de Defensa del Estado solicitó esta medida cautelar. Creemos que es de la máxima gravedad y creemos que los antecedentes que han sido expuestos en esta etapa procesal son más que suficientes para efectos de adoptar una medida tan gravosa como la prisión preventiva respecto a estos imputados.

Y respecto del rol de la exministra Ángela Vivanco, ¿qué le parece que debiese ocurrir?, porque estamos todavía ad-portas también de si es que se le formaliza o no esta causa.

Bueno, la señora Vivanco no ha sido hasta ahora formalizada, porque existe un trámite procesal previo: es la querella de capítulos. Esperamos que esta termine de manera exitosa, al igual que ha sido la acreditación que ha dado la magistrada de los hechos a nivel de medidas cautelares.
También, sirva para efecto de que, con los antecedentes, se pueda avanzar en este trámite de procedibilidad respecto de ella, que es la querella de capítulos. Así que tenemos que esperar ese trámite que, como ustedes saben, no es corto.

En un momento la jueza habla de que se rieron del país, de que es una red de corrupción en el Poder Judicial ¿Cómo lo interpretan ustedes?

Yo creo que fue lo que trataron de manifestar todos los intervinientes que son acusadores, tanto de la parte de los intervinientes del Ministerio Público como de los querellantes. Nos parece que este es un caso muy grave de corrupción y, por supuesto, para el Consejo de Defensa del Estado, uno de los casos importantes que tiene. Más allá de cualquier consideración, creemos que desde el punto de vista de los criterios que están establecidos en nuestra normativa en materia de probidad, este caso sin duda es de los más graves de la historia.

EL ABOGADO DE CODELCO

Por otra parte, el abogado Julián López, que representa a Codelco en la causa señaló: “La jueza ha dicho que el fantasma de la corrupción en el Poder Judicial ha dejado de ser un fantasma a partir de este caso. Este es el atentado más grave contra la credibilidad del sistema de administración de justicia. Y la resolución de la jueza muestra la contundencia de la evidencia que se acumuló durante la etapa de investigación para llegar a este momento. CODELCO ha participado en esta investigación y la seguirá impulsando y colaborando activamente, porque está comprometida con la probidad y con el Estado de derecho.

Abogado, uno de los episodios llamativos que se incluyó hace muy poco fue el episodio de la peluquera, que hoy la jueza descarta respecto de que la ministra Vivanco haya podido estar en esa peluquería y no haber asistido a la oficina de los abogados. Usted lo mencionó en algún momento. ¿Esperó que se llegara a este punto respecto del caso de la peluquera?

La columna vertebral de este caso no consiste en la cita con una peluquera. La columna vertebral de este caso consiste en que dos abogados formaron una asociación delictiva con una ministra de la Corte Suprema y con un operador, a partir de lo cual arrebataron al patrimonio de CODELCO —y con ello de todos los chilenos— una suma cercana a los veinte millones de dólares. Ese es el corazón de este caso, y todo lo que se ha discutido para distraerlo en cuestiones accesorias ya perdió todo sentido.

¿Las defensas no fueron al fondo de las causas?

La contundencia del caso está manifestada en los antecedentes que hoy día enumeró detalladamente la magistrada, y que demuestran que lo que aquí estaba tejido era una red de influencias tendiente a defraudar y a obtener dinero a cambio de resoluciones judiciales, que involucraban el soborno de una ministra de la Excelentísima Corte Suprema. Esto es algo que no se puede tolerar, y nosotros realmente esperamos que este sea el comienzo del fin de este tipo de situaciones.

Un comienzo donde todavía falta la formalización a Ángela Vivanco. ¿Ustedes esperan lo mismo también?

“Nosotros vamos a seguir colaborando en todos los pasos que evidentemente van a surgir a partir de esta resolución. Muchas gracias”, concluyó el profesional.

LA RESOLUCIÓN DE LA JUEZA PATRICIA MICHELLE

La resolución de la jueza Patricia Michelle Ibacache aborda la solicitud del Ministerio Público de decretar prisión preventiva para los imputados formalizados: los abogados Mario Vargas y Carlos Lagos, y Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. El caso investiga delitos de cohecho, soborno y lavado de activos, en los que CODELCO figura como víctima.

ANTECEDENTES Y CONTEXTO

La jueza inicia contextualizando la investigación, centrada en irregularidades cometidas por la exministra Vivanco en dos causas tramitadas ante la Corte Suprema (roles 141.421-2023 y 1.150-2024), relacionadas con recursos presentados por el consorcio Belaz Movitec SPA contra CODELCO. Se detectaron anomalías en la tramitación, como la omisión de declarar inhabilidad por amistad con los abogados recurrentes, tramitaciones inusualmente rápidas y resoluciones dictadas sin el procedimiento reglamentario. Estas irregularidades evidencian un interés particular de Vivanco en el resultado de las causas.

HECHOS IMPUTADOS

1.       Cohecho y soborno en el fallo del recurso de protección (4 de julio de 2023): Se acusa que Vivanco, tras votar a favor de CBM, recibió una suma de 15.600 dólares en la oficina de los abogados Lagos y Vargas, lo que fue seguido por movimientos bancarios sospechosos vinculados a su pareja, Gonzalo Migueles. Además, se señala que parte de los pagos ordenados en el fallo se desviaron ilícitamente a cuentas asociadas a los abogados y a Vivanco, evidenciado por la trazabilidad de los fondos y la georreferenciación de los involucrados.

2.       Cohecho y soborno en el fallo del recurso de queja (14 de marzo de 2024): Vivanco intervino de modo irregular en la dictación del fallo, recibiendo posteriormente pagos que se presume fueron por su actuación en beneficio de los imputados. Se acreditó el depósito de 1.000 millones de pesos en la cuenta de Lagos y el pago de 45 millones a Migueles, además de comunicaciones y encuentros que sustentan la presunción de beneficio económico ilícito.

3.       Lavado de activos: Se considera probado, en esta etapa procesal, que los imputados realizaron maniobras para introducir dineros de origen ilícito en el sistema financiero y aparentar legitimidad, a través de transferencias, compra de divisas y pagos a terceros. Las defensas alegaron que los montos correspondían a honorarios legítimos, pero la jueza concluye que tales beneficios no se habrían obtenido de no mediar actos ilegales.

VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y POSICIÓN DEL TRIBUNAL

La jueza analiza las alegaciones de las defensas, incluyendo cuestionamientos sobre la participación y las pruebas de georreferenciación, pero considera que los antecedentes presentados por el Ministerio Público son suficientes para presumir fundadamente los delitos imputados y la participación de los acusados. Se destaca la reiteración de irregularidades procedimentales, la omisión de deberes de transparencia y la existencia de una red de corrupción que involucra a altos funcionarios y abogados.

MEDIDA CAUTELAR Y CONCLUSIÓN

Dada la gravedad de los hechos, la magnitud de las relaciones e influencias de los imputados y el riesgo para la seguridad de la sociedad y el éxito de la investigación, la jueza decreta la prisión preventiva para Migueles, Vargas y Lagos. Se fija un plazo de 90 días para la investigación, con posibilidad de extensión si el Ministerio Público lo solicita.

La resolución concluye que el caso evidencia cómo la corrupción puede permear el sistema judicial, afectando la confianza pública y la igualdad ante la justicia, y enfatiza la necesidad de aplicar medidas ejemplares para proteger la probidad y la integridad institucional.