Barreras regulatorias para la sustentabilidad de la minería

• Por Ramiro Araya, Asociado Senior Grupo Derecho Público y Mercado Regulados, Albagli Zaliasnik . //

Chile está comprometido en términos de sustentabilidad a nivel internacional, con la Ley Marco de Cambio Climático y la Estrategia Climática de Largo Plazo, a través de las cuales Chile aspira a alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. Esto implica para el sector minero una reducción global de al menos un 70% de sus emisiones de gases de efecto invernadero (Sernageomin), con medidas como el desarrollo de flotas de transporte cero emisiones y contratos de suministro eléctrico con fuentes renovables.

Así también, para el año 2030 la Política Nacional Minera 2050 proyecta una reducción del 50% de las emisiones de CO2, equivalente de las operaciones de la gran minería. El Consejo Minero no se ha quedado al margen de esta discusión, publicando a principios de este año las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de cada uno de sus asociados en el mediano y largo plazo (2030, 2040, 2050).

Se trata de una materia en pleno desarrollo que genera cierta incertidumbre en los sujetos regulados.  Sin ir más lejos, el 13 de junio de este año Sernageomin presentó la Guía de Implementación de Proyectos Mineros y Revisión de Tecnologías para la Descarbonización y la Guía de Presentación de Pilotos o Proyectos con Tecnología Trolley Assist en Faenas Mineras, dirigidas a empresas de mediana y gran minería. Su objetivo es facilitar la implementación de energías renovables, electromovilidad, hidrógeno verde, captura de carbono y otros avances tecnológicos, en un intento de presentar criterios técnicos claros para la transición energética de los proyectos en operación y el desarrollo y autorización de nuevos proyectos mineros.

Tan importante como lo anterior es la gestión segura de los relaves activos y abandonados. En 2019 fue publicado el Plan Nacional de Depósito de Relaves, instrumento que buscó poner en marcha un sistema de monitoreo eficiente. En el año 2024 el gobierno dictó la “Agenda de Relaves” para los años 2025 y 2026, proponiendo medidas para acelerar el cierre de depósitos críticos antes de 2030 y erradicar los depósitos abandonados para 2050, haciéndose cargo de este pasivo ambiental de gran impacto.

Para abordar estas nuevas exigencias, el legislador ha optado por establecer incentivos de cumplimiento. El ejemplo más claro se encuentra en materia de reducción emisiones, con la regulación de los bonos de carbono y la posibilidad de transarlos en el mercado, la simplificación de los requisitos de autorización de proyectos que ocupen energías renovables o el incentivo fiscal para el uso de nuevas tecnologías.

Con todo, se trata de mecanismos que no son suficientes para abarcar todas las dificultades asociadas al problema regulatorio. Las demoras y complejidades de los procesos de autorización ambiental son una de las principales barreras de entrada al desarrollo de nuevos proyectos en el país. Esta situación recién fue objeto de regulación con el anuncio y próxima publicación de la Ley Marco de Permisos Sectoriales, que busca reducir los tiempos de tramitación entre un 25% y 50%. Su efectividad dependerá de múltiples factores, incluyendo la forma en que los órganos implementen la ley y de la dictación de normas complementarias eficaces, que no signifiquen una carga burocrática mayor para la empresa.

Existe una tensión evidente entre la necesidad de fomentar el crecimiento de la industria y cumplir con los compromisos ambientales, lo que requerirá de la cooperación público-privada en pos de un objetivo común. Requerimos con urgencia de instituciones técnicas, eficaces y transparentes que sean capaces de tomar decisiones consistentes con un plan a largo plazo más que con una coyuntura política determinada. Los órganos del Estado deben ofrecer certeza jurídica, un marco estable que permita a los inversionistas embarcarse en proyectos de gran envergadura bajo reglas claras, que concilien de manera eficiente el crecimiento económico, la preservación del medio ambiente y la protección de los derechos fundamentales de las personas.