- Por Felipe Martin Cuadrado, Director Ejecutivo de MAS Recursos Naturales. //
La reciente designación de Arturo Farías al frente del Servicio de Evaluación Ambiental y el diagnóstico público de que la Dirección General de Aguas arrastra más de 28.000 expedientes sin resolver no son anécdotas: son la fotografía de un Estado que hoy frena, más que regula, la inversión minera que Chile necesita. Mientras el mundo acelera su demanda de cobre para la transición energética, aquí seguimos discutiendo si la norma es suficiente cuando el verdadero problema es que los permisos hídricos —especialmente los P155, P156 y P157— tardan décadas en resolverse o simplemente se rechazan por fallas administrativas. Eso no es defensa del medio ambiente; es ineficiencia que termina perjudicándolo.
No se trata de bajar estándares ni de abrir la puerta a la improvisación. Se trata de que la regulación cumpla su propósito: proteger recursos y dar certezas. Cuando tres tipos de permisos concentran casi tres cuartas partes de la inversión minera analizada y sus tramitaciones promedian entre 30 y 40 meses, con tasas de rechazo que en algunos casos superan el 50%, estamos ante un cuello de botella estructural. La consecuencia es clara: proyectos estratégicos se retrasan, los costos se disparan y la inversión se desvía hacia países con procesos más predecibles. Eso erosiona la ventaja comparativa de Chile y pone en riesgo empleos, desarrollo regional y la recaudación futura que financia políticas públicas.
La raíz del problema no es la ambición ambiental de la sociedad, sino la fragilidad de la gestión pública. Falta personal especializado, los sistemas tecnológicos son obsoletos, los incentivos internos están mal diseñados y la acumulación de expedientes se ha vuelto inmanejable. Es una falla de capacidad, no de intención. Por eso la discusión debe virar: en vez de polarizar entre “más regulación” y “menos regulación”, debemos exigir que la regulación funcione con eficiencia técnica, transparencia y plazos razonables. Solo así se podrá conciliar la protección del agua y los ecosistemas con la necesidad de atraer inversiones responsables.
Modernizar la tramitación no es una quimera. La digitalización integral de expedientes, la creación de ventanillas únicas entre la DGA, el SEA y otros servicios, la implementación de plazos máximos vinculantes y la incorporación de revisores técnicos externos en casos complejos son medidas que reducen tiempos sin rebajar estándares. También, lo es invertir en capital humano: contratar y capacitar especialistas capaces de evaluar proyectos mineros contemporáneos, que combinan ingeniería, hidrogeología y gestión ambiental. Estas reformas requieren voluntad política y recursos, pero son menos costosas que el daño económico y reputacional de perder inversiones clave.
Quienes defienden la inacción suelen apelar al riesgo de “desregular” como si cualquier cambio administrativo fuera sinónimo de retroceso ambiental. Esa es una falacia peligrosa. La verdadera amenaza es un sistema que no resuelve y que, por inercia, favorece la informalidad y la improvisación. Si queremos proteger el agua, necesitamos procesos técnicos, auditables y rápidos; no trámites que se eternizan y decisiones que llegan cuando el proyecto ya es inviable. La transparencia y la participación ciudadana deben acompañar la modernización, no ser excusa para paralizarla.
La designación de un nuevo director en el SEA y la visibilización del colapso de expedientes en la DGA pueden ser el punto de inflexión que Chile necesita. Pero será solo una oportunidad desperdiciada si no se acompaña de un plan concreto de gestión: metas claras, recursos asignados, indicadores públicos y mecanismos de rendición de cuentas. Sin eso, cualquier nombramiento será solo un gesto simbólico frente a un problema técnico y operativo que exige soluciones estructurales.
Chile puede seguir siendo la despensa de cobre del mundo y liderar la minería responsable, pero no con trámites que parecen de otra era. Modernizar la gestión pública es compatible con proteger el agua y el medio ambiente; de hecho, es la única forma sostenible de hacerlo. Si no actuamos ahora, perderemos inversiones, capacidad tecnológica y la oportunidad de que la minería siga siendo motor de desarrollo. El desafío está sobre la mesa: transformar la regulación en una herramienta eficaz, no en un obstáculo.
