El rediseño del sistema de licencias médicas debe ser prioridad nacional

• Por Rodrigo Varela, Gerente Legal de ALTO Inmune. //

El reciente informe de la Contraloría marca un antes y un después al destapar una trama de irregularidades alarmantes: investigaciones en 788 instituciones públicas por mal uso de licencias médicas, más de 25 mil funcionarios que viajaron fuera del país mientras estaban con licencia entre 2023 y 2024; y 250 médicos con funciones públicas que, pese a estar con licencia, asistieron a partos en clínicas privadas.

Estos hechos para quienes llevamos más de 15 años trabajando en su erradicación, no nos extrañan. Son muchos los ejemplos que podríamos dar de los fraudes más burdos que se comenten y atentan contra nuestro sistema de salud. Estamos frente a una de las crisis éticas y estructurales más graves que ha enfrentado el aparato estatal chileno en la última década. No hablamos de casos aislados ni de excepciones: se trata de un fenómeno extendido, sistémico y que pone en jaque la confianza ciudadana en la salud pública, la gestión estatal y la integridad profesional.

Como abogado y actor del sistema de salud, no puedo dejar de advertir que este fraude ha generado pérdidas que superan los $700 mil millones, es decir, una cuarta parte del presupuesto de Fonasa destinado a licencias médicas. Pero más grave aún es el daño invisible: el de las personas que realmente necesitan una licencia para recuperarse, y que hoy enfrentan un sistema saturado, lento y desconfiado. Se ha generado un círculo vicioso en el que pagan justos por pecadores, profundizando la desigualdad y el descrédito.

Los casos más escandalosos, como los de médicos que emitían licencias cada cinco segundos o funcionarios públicos que viajaban al extranjero mientras estaban con reposo laboral, no deben distraernos del fondo del problema: este abuso no sería posible sin la existencia de vacíos estructurales en fiscalización, trazabilidad e interoperabilidad de los sistemas. ¿Cómo es posible que un médico con licencia registrada en COMPIN siga prestando servicios en una clínica privada sin que nadie lo detecte? ¿Dónde estaban los controles cruzados entre Fonasa, ISAPRES, Contraloría, COMPIN y empleadores?

El gobierno ha reaccionado, sí, pero tarde. Las medidas implementadas —como la fiscalización a grandes emisores, el Comité Nacional de Ausentismo o las nuevas plataformas de denuncia   y la promulgación de una ley   que fortalece la fiscalización de licencias médicas y aumenta las sanciones— apuntan en la dirección correcta, pero deben ser parte de una reforma más profunda. Se requiere un rediseño completo del sistema de licencias médicas: desde la forma en que se emiten, hasta cómo se justifican, verifican y validan. Esto incluye digitalización con trazabilidad en tiempo real, control cruzado automático y sanciones proporcionales, tanto administrativas como penales.

El hecho de que 250 médicos estén siendo investigados por fraude, enfrentando penas de cárcel de hasta tres años y multas millonarias, refleja no sólo la gravedad del delito, sino también el grado de normalización de estas prácticas. Y cuando una conducta irregular se vuelve común, el problema deja de ser individual: pasa a ser institucional.

Pero ¡cuidado! No podemos cargar todo el peso sobre los hombros de los médicos. Las autoridades que no fiscalizaron, los directivos que miraron hacia otro lado y los empleadores que permitieron estas irregularidades también deben rendir cuentas. Este es un momento para revisar la cultura organizacional del sector público, y asumir que la probidad no puede seguir siendo una expectativa voluntarista, sino un deber exigible con mecanismos concretos.

Desde nuestra experiencia en el análisis de datos y el combate al fraude, sabemos que no hay soluciones mágicas, pero sí caminos urgentes. Se requiere una estrategia articulada entre el sector público y el privado, que combine fiscalización efectiva, educación sobre el uso correcto de la licencia médica y sanciones disuasivas. No podemos seguir permitiendo que esta herramienta, pensada para el cuidado, se utilice como beneficio encubierto o salida fácil frente a tensiones laborales.

Desde ALTO Inmune hemos iniciado un trabajo riguroso con diversas instituciones del sistema privado de salud para identificar patrones irregulares y actores recurrentes que abusan del sistema. Y no nos quedaremos en el diagnóstico: presentaremos las acciones legales necesarias —penales y administrativas— contra médicos, pacientes o funcionarios que hayan participado en estas redes. Nuestro compromiso es claro: proteger el uso legítimo de la licencia médica y contribuir activamente a erradicar el fraude.

El llamado es claro: llegó la hora de actuar con decisión. No podemos seguir tolerando que un instrumento creado para proteger a los trabajadores enfermos se convierta en una herramienta de abuso. El rediseño del sistema de licencias médicas debe ser una prioridad nacional, y debe involucrar a todos los actores —públicos y privados— en un esfuerzo conjunto por restablecer la ética, la transparencia y la confianza. Porque sin confianza, ningún sistema de salud puede sostenerse.