Firma electrónica avanzada: la clave para modernizar la Dirección de Obras

• Por Marcelo Mora, CEO de IDOK. //

Uno de los dolores de cabeza más comunes para los ciudadanos y profesionales del rubro de la construcción es enfrentarse a los trámites en la Dirección de Obras de las municipalidades. Permisos, revisiones de planes, firmas y validaciones de documentos suelen transformarse en un trámite lento, costoso y burocrático. Este proceso termina desgastando tanto a los usuarios como a las propias municipalidades.

La digitalización aparece aquí no solo como una oportunidad, sino como una obligación legal. De acuerdo con la Ley N.°21.189 en Transformación Digital del Estado, promulgada en 2019, los órganos de la Administración del Estado (OAE) deberán completar la digitalización de sus procedimientos administrativos antes de diciembre del 2027, avanzando de manera gradual.

La normativa establece un itinerario claro. Primero, cada organismo debe identificar y caracterizar sus procedimientos administrativos, levantando la información básica que facilitará la transición. Luego, se deberán registrar comunicaciones oficiales electrónicas, habilitar plataformas para el ingreso digital de solicitudes, garantizar la interoperabilidad de los sistemas, implementar notificaciones electrónicas a través del registro único del Servicio de Registro Civil y contar con expedientes electrónicos accesibles en línea. Además, cuando los ciudadanos no puedan acceder a medios electrónicos, el propio órgano deberá digitalizar los documentos presentados en papel para integrarlos al sistema.

El factor clave para que esta modernización sea efectiva está en la incorporación de la firma electrónica avanzada, herramienta que otorga plena validez legal a los documentos digitales y que permite a terceros, como arquitectos o empresas externas, firmar planos y trámites de manera remota. Esto cierra una de las brechas más complejas del sistema actual, donde la firma electrónica utilizada en el sector público aún no logra interoperar completamente con el ámbito privado.

Más allá de la eficiencia, la implementación de esta herramienta responde a una necesidad de confianza y transparencia. En un contexto donde la ciudadanía percibe a los trámites municipales como lentos y engorrosos, ofrecer sistemas seguros, accesibles y trazables puede cambiar radicalmente esa percepción y fortalecer la relación entre el Estado y los usuarios.

El desafío, por tanto, no es tecnológico: las herramientas ya existen y la ley fija plazos claros. El verdadero reto está en la voluntad de las instituciones públicas de adoptarlas, en generar alianzas con empresas especializadas y en establecer estándares comunes que permitan escalar estas soluciones a nivel nacional. Modernizar los trámites no es un lujo; es una necesidad legal impostergable y una oportunidad para avanzar hacia un Estado más eficiente, inclusivo y cercano a las personas.