- Por Gastón Fernández Montero, abogado experto en Legislación Minera. //
Marzo es un mes clave para la minería chilena: corresponde al período en que los concesionarios deben cumplir con el amparo minero, es decir, el pago de la patente anual que garantiza la vigencia de sus concesiones. Este requisito refleja un principio fundamental: las minas pertenecen al Estado, y los particulares solo acceden a su exploración o explotación mediante concesiones sujetas a obligaciones.
El amparo minero se regula en el Código de Minería y consiste en el pago de una patente anual por hectárea concesionada. Su objetivo es evitar la especulación y asegurar que las concesiones se mantengan activas y productivas. El incumplimiento implica la caducidad de la concesión.
ÚLTIMAS MODIFICACIONES Y SU IMPACTO
En los últimos años, el régimen de amparo ha experimentado cambios relevantes que han afectado su naturaleza jurídica:
Ley N° 21.420 (2022): Aumentó el costo de la patente de exploración de 1/50 UTM por hectárea a 3/50 UTM, impactando especialmente a la pequeña minería.
Ley N° 21.649 (2023): Introdujo ajustes al estatuto minero, incluyendo nuevas exigencias sobre información geológica, régimen de amparo y coordinación territorial. Se trata de la mayor modificación al sistema desde 1983.
Modificación al sistema de amparo: Originalmente resguardado por una ley de quórum calificado, la última reforma impulsada durante el gobierno de Piñera se realizó mediante una ley de quórum simple, lo que debilitó jurídicamente el amparo, afectando su estabilidad y protección legal.
Las modificaciones han generado efectos diversos:
- Pequeña minería: El aumento de costos ha sido percibido como una carga excesiva, dificultando la continuidad de proyectos de menor escala.
- Inversión extranjera: La mayor certeza jurídica y exigencias técnicas pueden favorecer proyectos de gran envergadura, aunque también elevan las barreras de entrada.
- Debate político: La Cámara Minera de Chile calificó la Ley 21.420 como “abusiva” y ha solicitado su derogación, reflejando la tensión entre fomento productivo y regulación estatal.
El amparo minero es más que un trámite administrativo: constituye un mecanismo de justicia patrimonial que reafirma que los recursos minerales son del Estado y deben ser gestionados en beneficio del país. Las últimas reformas buscan modernizar el sistema, pero también han abierto un debate sobre su impacto en la equidad territorial y en la viabilidad de la pequeña minería.
