Más allá del cobre y otras pastas: la oportunidad de las tierras raras para Chile y la ENAMI

• Por Gastón Fernández Montero, Abogado Especialista en Derecho Minero. //

La transición energética global ha dejado de ser una proyección de futuro para convertirse en una urgencia del presente. En este escenario, la demanda de minerales críticos —esenciales para la electromovilidad, las energías renovables y la alta tecnología— se ha disparado. Si bien Chile ha centrado históricamente su atención en el litio y el cobre, existe una familia de elementos que empieza a tomar un rol protagónico en la agenda geopolítica: las tierras raras. Frente a este desafío, surge una pregunta jurídica e institucional clave: ¿Tiene el Estado chileno las herramientas para liderar esta carrera sin entramparse en largas discusiones legislativas? La respuesta es afirmativa, y la llave la tiene la Empresa Nacional de Minería (ENAMI).

Para comprender el potencial de ENAMI en este nuevo mercado, es imperativo volver a las bases de su arquitectura jurídica. Su Ley Orgánica, consagrada en el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N° 153 de 1960, dotó a la estatal de un mandato excepcionalmente amplio. El artículo 2° de dicho cuerpo legal la mandata a «fomentar la explotación y beneficio de toda clase de minerales existentes en el país», mientras que su artículo 3° la facultad explícitamente para «producir toda clase de sustancias mineras, sean estas metálicas o no”. La única excepción real a este vasto universo minero fue el carbón, recurso que por diseño institucional de la época quedó bajo el alero de la hoy extinta ENACAR.

Esta amplitud de giro no es un mero detalle reglamentario; es una ventaja competitiva de primer orden. Significa que, a diferencia de otros órganos públicos que requieren reformas legales sustantivas para adaptar sus funciones, ENAMI posee la competencia legal plena y vigente para explotar, procesar y comercializar tierras raras, desde ya.

Para materializar esta oportunidad, se vuelve indispensable superar la actual e histórica trilogía productiva de la empresa, restringida casi exclusivamente al oro, la plata y el cobre. El perfil de la minería futura de tierras raras no encaja necesariamente en la lógica de los megaproyectos de la gran minería; por el contrario, se visualiza con fuerza en los segmentos de la pequeña y mediana minería. Este es, precisamente, el ecosistema natural que gira alrededor de ENAMI. La escala de operación que demandan estos elementos químicos, sumada al potencial de la minería secundaria a través de la recuperación desde relaves y pasivos ambientales, calza a la perfección con el rol de fomento y procesamiento que la estatal ha desarrollado por décadas.

Actualmente, ENAMI ha dado pasos valiosos en la dirección correcta. El desarrollo de su planta piloto en Taltal y su reciente integración a los consorcios de investigación impulsados por CORFO demuestran que la minería secundaria es una ruta técnica viable. Sin embargo, el contexto geopolítico actual —marcado por la reciente adhesión de Chile a iniciativas como el «Escudo de las Américas» y la firma de acuerdos de suministro seguro con potencias occidentales— exige que el Estado chileno profundice y acelere este rol, utilizando a ENAMI como un brazo ejecutor público ágil, capaz de garantizar cadenas de suministro trazables y sostenibles basadas en pequeños y medianos productores locales.

Para profundizar este rol, ENAMI debe hacer uso estratégico de sus atribuciones corporativas. Su Ley Orgánica le permite asociarse con terceros, constituir sociedades y atraer capitales tecnológicos bajo estructuras contractuales sofisticadas. Chile no puede darse el lujo de mantener a ENAMI encasillada en la minería tradicional del siglo XX. El DFL N° 153 de 1960 fue una ley visionaria que anticipó la necesidad de un Estado con flexibilidad minera comercial. Es momento de ejecutar ese mandato en su máxima expresión, rompiendo la trilogía del cobre, el oro y la plata, para transformar a la estatal en el motor de una minería a escala humana, tecnológica y de vanguardia.