Perú suspende la minería de oro por 30 días tras masacre de 13 mineros

• El gobierno planea establecer una base militar y hacer cumplir un toque de queda para hacer frente a la escalada de violencia basada en la minería ilegal. Los trabajadores trabajaban para una empresa local, R&R, que tenía un contrato con la empresa minera de oro Poderosa.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció la suspensión durante 30 días de las actividades mineras en el distrito norteño de Pataz, en respuesta al reciente secuestro y asesinato de 13 trabajadores de una mina de oro, informó Reuters.

El gobierno también planea establecer una base militar y hacer cumplir un toque de queda desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana para hacer frente a la escalada de violencia relacionada con las operaciones de minería ilegal.

Los trabajadores trabajaban para una empresa local, R&R, que tenía un contrato con la empresa minera de oro Poderosa y fueron secuestrados el mes pasado por mineros ilegales.

La Presidenta Boluarte afirmó: «Las Fuerzas Armadas tomarán el control de la zona donde opera Poderosa», aunque los detalles sobre la implementación de la pausa minera siguen sin estar claros.

Jorge Montoro, ministro de Minas y Energía de Perú, mencionó que la pausa de 30 días podría extenderse si fuera necesario.

El gerente de asuntos corporativos de Poderosa dijo a Reuters: «Estamos aclarando el tema», indicando que la suspensión solo debería afectar a los mineros informales.

Perú, el tercer mayor productor de cobre del mundo, extrae predominantemente este metal en el sur, mientras que el oro y la plata se extraen en el norte. Desde 2020, los mineros ilegales han tomado el control de varias áreas bajo la jurisdicción de Poderosa.

Poderosa ha alegado que cerca de 40 personas, entre contratistas y mineros artesanales, han sido víctimas de bandas criminales en Pataz.

Esta información corresponde a un reporte de Tiash saha, publicado en Mining Technology

OLA DE VIOLENCIA EN PATAZ EXIGE CAMBIO DE ESTRATEGIA DEL GOBIERNO

La Compañía Ponderosa había emitido anteriormente (domingo 4 de mayo), el siguiente comunicado:

“Esta madrugada, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la policía pudo recuperar los cuerpos de los trece (13) trabajadores que fueron secuestrados en Pataz por mineros ilegales coludidos con elementos criminales.

Poderosa lamenta el fallecimiento de las trece (13) personas que fueron cruelmente asesinadas por los criminales aliados a la minería ilegal. Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, compartiendo su dolor y pesar por tan terrible pérdida.

Como se recordará, el sábado 26 de abril, delincuentes armados atacaron las operaciones de un minero artesanal en proceso de formalización con el que Poderosa mantiene contrato de explotación, secuestrando a un grupo de sus trabajadores.

De esta manera, suman ya 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han tomado el control de Pataz, hoy convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente, segando vidas, sembrando el terror y sometiendo voluntades.

Estos luctuosos sucesos se suman a lo acontecido también ayer en una operación formal en Alacoto, Pataz, donde otra incursión de mineros ilegales y grupos criminales habría resultado en la toma de instalaciones de una planta.

El espiral de violencia descontrolada que vive Pataz se da a pesar de la declaración del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial que, lamentablemente, no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona.

LLAMADO URGENTE EL GOBIERNO

El comunicado de Poderosa, agrega: “Es por ello que, volvemos a hacer un llamado urgente al gobierno a fin de que replantee su estrategia para enfrentar la criminalidad y lograr la captura de los delincuentes que vienen operando en Pataz. Para ello hace falta fortalecer el trabajo de inteligencia y trabajar de la mano con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Sin embargo, no será posible derrotar la delincuencia si, a pesar de nuestros reiterados pedidos, la policía sigue sin ingresar e interdictar las bocaminas ilegales, donde se
guarecen y desde donde actúan las bandas criminales; y cuya ubicación está plenamente identificada y georeferenciada.

Mayor responsabilidad le corresponde a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas que, a pesar de los requerimientos planteados, sigue
sin atender los pedidos de exclusión presentados por la empresa para retirar de sus concesiones a los mineros informales e ilegales que siguen operando sin ningún tipo
de restricción.

Lo mismo por parte del Congreso, cuyas reiteradas ampliaciones del REINFO han servido de manto protector para que los mineros informales/ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso.

Lo sucedido en Pataz da cuenta del ineluctable avance de la minería ilegal, ya convertida en la principal economía ilícita del país, y su terrible rastro de violencia, contaminación y muerte. Frente a este espiral destructivo, resulta imperativo que el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil aúnen esfuerzos a fin de enfrentarla y derrotarla antes de que sea demasiado tarde.

La compañía dijo en un comunicado: «La espiral de violencia incontrolada en Pataz está ocurriendo a pesar de la declaración del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial, que, desafortunadamente, no ha podido detener el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona».

La compañía hizo un llamado urgente al gobierno para que revise su estrategia para combatir el crimen y capturar a los criminales, al tiempo que enfatizó la necesidad de mejorar el trabajo de inteligencia y la colaboración con el Ministerio Público y el Poder Judicial”, hasta ahí, la versión de los dramáticos hechos denunciados por Poderosa.

Según la empresa Poderosa, desde 2020, estas bandas han realizado al menos 628 incursiones contra sus instalaciones, resultando en 18 empleados asesinados, 14 torres eléctricas destruidas y el robo de más de 3.5 millones de dólares en oro.