Propuestas para el Sector Minero en América Latina

• Por Gustavo Cabrera Sotomayor, Consultor Internacional en Sostenibilidad Minera – LATAM

Hace unos días, escuché muy sorprendido en una radio local en Perú una “realista, y nunca tardía, autocrítica” de un representante gremial del sector energía en relación con el comportamiento del sector privado y su responsabilidad en la crisis de gobernanza por la que atraviesa el país. Por supuesto, comparto su “mea culpa” ya que da cuenta de la poca credibilidad y confianza que tiene el sector privado y su escasa capacidad propositiva para generar y accionar iniciativas que los haga ser parte de la solución y no solo resaltar los evidentes problemas y limitaciones estructurales del “Estado Peruano” y, por extensión y experiencia propia, en América Latina.

Si bien las generalizaciones resultan odiosas y hasta subjetivas, es justo resaltar que el empresariado privado (en todos los sectores productivos y escalas) ha hecho un esfuerzo destacado por contribuir con sus inversiones, innovación y capacidades al crecimiento y desarrollo sostenido de la economía peruana de los últimos 25 años. De eso no hay mayor duda.

Para el caso específico del Sector Minero, no se puede dejar de reconocer su enorme contribución en el proceso de desarrollo y crecimiento (65% de las exportaciones y 14% del impuesto a la renta en el 2021) de nuestro país y resulta limitado incluso intentar hacer un ejercicio prospectivo en lo económico sin tomar en cuenta su participación destacada que ha convertido al Perú en un actor mundial relevante de productor de minerales básicos.

Ante ello, el Sector Minero espera que el Estado ejecute de forma eficaz y transparente los recursos que recauda de este importante sector productivo despreocupándose de los procesos de gestión e interacciones sociales e institucionales a nivel territorial que ello implica. Tamaña apuesta es un factor de riesgo que las empresas y proyectos mineros (salvo contados casos específicos) no han incorporado adecuadamente en sus esquemas de gobernanza corporativa y modelos de gestión al que solo le han dado un carácter defensivo (protección de valor).

Si bien comparto este análisis desde la perspectiva de desarrollo económico, discrepo de la ilusa creencia que el Estado (administrado por Gobiernos nacionales y subnacionales cada vez más débiles institucionalmente) cumplirá este rol de forma eficaz cuando es “el problema” y la “gran traba estructural” que impide que los beneficios de la Minería se traduzcan en desarrollo sostenible local. Este análisis sigue siendo parte del “mecanismo defensivo” (arriba referido) que adopta el sector minero para evitar comprometerse con la solución estructural de “crisis de gobernanza territorial y política” que lo afecta directamente.

El Estado en nuestras realidades no tendrá una transformación estructural (por fallas en el sistema político no atribuibles al sector) a menos que este cambio se produzca desde lo local (territorial) y con nuevos actores, que vaya más allá de los corsés metodológicos y legalistas del sector minero (Estudios de Impacto Ambiental – EIA) que limitan la innovación social.

En este esquema, pagar impuestos, generar empleos y encadenamientos locales (territorialmente limitados según diversos estudios) ya no es suficiente. ¡Este cacareo ya no es creíble!

En los últimos años, el Sector Minero a nivel global y en especial en LATAM viene atravesando por un periodo de incertidumbre caracterizado por múltiples desafíos y factores globales (cambio climático, transición energética, incertidumbre política y expectativas socioambientales de comunidades aledañas, entre otros) que han impulsado la adopción de nuevos modelos de gestión corporativa hacia una Minería Sustentable, lo cual implica dejar atrás sus viejos esquemas defensivos de sostenibilidad y gestión de riesgos para adoptar en su lugar esquemas de valor compartido con impacto social sostenible.

Para hacer viable este nuevo enfoque, el sector minero debe incorporar como objetivo central en su modelo de negocios y gobernanza corporativa el convertirse en Socio para el Desarrollo Sostenible (SDS) integrado y proactivo que genera y gestiona valor económico, ambiental y social (Creación de Valor EAS) en los territorios donde opera desde una perspectiva de Desarrollo Territorial Integrado (DTI) que requiere, a su vez, la adopción sistemática de cuatro principios básicos en sus modelos de gobernanza corporativa:

a) Desarrollo de una Evaluación de Impacto Social y Ambiental (EISA), más allá de los clásicos y básicos Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) requeridos por la Ley.

b) Incorporación del Enfoque de Licencia de Desarrollo Sostenible para Operar (LDSO) dejando atrás el viejo modelo de Licencia Social para Operar (LSO) que ha sido históricamente gestionado desde las fronteras de la empresa hacia afuera (extra-operación) y ha obviado sistemáticamente su incorporación en el modelo de negocios de la operación (intra-operación).

c) Elaboración de Planes Multianuales de Desempeño e Impacto Social donde se prioricen cierre de brechas socio económicas e institucionales bajo una estrategia de logros en Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con enfoque de desarrollo territorial integrado (DTI), y

d) Nuevo Contrato Social territorial local (más allá de la zona de influencia directa) como marco ético y proactivo de interacción con comunidades desde una óptica de prevención de conflictos.

Este nuevo enfoque requiere que el Sector Minero, mediante su representación gremial y corporativa (SNMPE, IIMP, CONFIEP, SNI), asuma un rol catalizador, de liderazgo y de mayor responsabilidad en el logro de objetivos de impacto social medidos por avances en ODS en los territorios donde opera, convirtiéndose en promotor y articulador de la gobernanza territorial y desempeñando un papel proactivo en la transformación estructural de las economías locales procurando una asociación transformativa de todos los actores relevantes en el territorio.

No se busca en ningún caso reemplazar al Estado (nacional o subnacional) en sus roles fundamentales sino contribuir a que este establezca prioridades de desarrollo sostenible bajo consensos básicos promovidos desde el sector privado (o un hibrido de actores de inapelable credibilidad y confianza) y con la participación de todos los actores (contrato social) a nivel territorial más allá de lo que establece la Ley en la determinación de sus zonas de influencia (enfoque territorial) buscando promover y desarrollar oportunidades productivas en adición o complemento a las extractivas.

Sin duda, la puesta en marcha de este ambicioso objetivo requiere cambios estructurales en los paradigmas empresariales de gestión de sostenibilidad o desempeño social buscando la competitividad territorial y el desarrollo sostenible desde una mirada más amplia de “creación de valor compartido” del sector minero donde se privilegien intervenciones que fortalezcan capacidades institucionales locales y permanente búsqueda de beneficios mutuos de largo plazo en términos de desarrollo. No se trata de reinventarnos la pólvora buscando nuevos entendimientos o consensos sobre el significado de “desarrollo local”, sino de discusiones y adaptaciones territoriales basadas en consensos previamente definidos y aceptados nacional e internacionalmente y de los cuales el Perú es suscriptor (ODS).

Aquí mis propuestas específicas para el sector minero en Perú y en América Latina:

1.      Usar la fuerza institucional y gremial (ejemplo, en Perú: SNMPE / IIMP / CONFIEP / SNI) del sector minero para ejercer un rol transformativo asumiendo y liderando una cruzada por cierre de brechas socio económicas medidos por logros en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como mejor aproximación de “rentabilidad o impacto social” de la minería en los territorios donde opera. Hay que destacar el esfuerzo conjunto (Estado / Empresa / Comunidad) para mejorar impactos sociales duraderos mediante el enfoque de Socios para el Desarrollo Sostenible (SDS).

 2.       Asumir un rol catalizador, de liderazgo y de responsabilidad compartida en los territorios donde opera y aplicar nuevos marcos de gestión social como ESIA, ODS, DTI, SDS, LDSO enfocados en logros de desarrollo sostenible (ODS) en lo local (distrital y provincial) y regional a fin de fortalecer institucionalmente la gobernanza territorial bajo un nuevo modelo de gestión social y territorial que logre impacto social sostenible y verificable. Usar métricas propias de la cooperación internacional (BM, BID, PNUD) que gestionan proyectos y programas en base a marcos lógico de intervención y monitoreos y evaluaciones sistémicas y plurianuales.

 3.      Desde la SNMPE e IIMP, homogenizar marcos de intervención y desempeño social por el desarrollo sostenible (ESIA, ODS, DTI, SDS, LDSO) a nivel sectorial, corporativo y territorial (por conglomerados mineros) buscando logros en ODS y nuevos enfoques de gestión territorial para aprovechar sinergias con otras empresas mineras y no mineras, comunidades, gestores estatales (por proximidades geográficas o corredores económico-productivos) y con la cooperación internacional. Se debe procurar un entendimiento común sobre impacto o rentabilidad social para favorecer, a su vez, que las comunidades conozcan la naturaleza principista de las intervenciones del sector minero procurando resultados de desarrollo sostenible.

 4.      Crear un marco y gobernanza institucional desde la SNMPE / IIMP (Dirección de Sostenibilidad e Impacto Social) del Sector Minero que genere y reporte a los Directorios correspondientes sobre marcos de gestión, innovación social, intervenciones sistémicas, resultados de impacto, monitoreo, reportes de gestión y establecimiento de estándares de gestión en ODS e impacto social del sector minero. Esta dirección deberá diseñar modelos de gestión para integrar los ODS en el marco de gobernanza corporativa de cada unidad minera y/o corredor económico-productivo (aspectos económicos, ambientales, sociales y de gobernanza) definiendo objetivos y metas ambiciosas, progresivas y medibles para la acción de los ODS territoriales. Se debe elaborar una “Hoja de Ruta por los ODS” en cada corredor minero como resultado de un proceso de diálogo y concertación promovido por las empresas mineras, gobiernos y comunidades locales. Privilegiar acción y movilización local y regional en relación con logros ODS y marcos de intervención.

 5.      Fortalecer la gestión y eficacia del Estado a nivel local (distrital y provincial) y regional mediante la creación Unidades de Gestión e Impacto Social (UGIS) que elaboren Planes de Desarrollo Territorial Integrado (PDTI – ODS), proyectos de inversión y expedientes técnicos para ejecutar los proyectos priorizados en función de logros ODS territorial (cantidad y calidad de servicios púbicos). Énfasis en desarrollo y gestión de políticas públicas sostenibles.

 6.      Migrar el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) a uno de Servicios Públicos por Impuesto (SPxI), donde se busque validar mecanismos de gestión transitoria (5-10 años) de servicios públicos (salud, educación, vialidad, infraestructura social y productiva, nutrición, entre otros) desde la lógica territorial y planes de cierre de brechas de ODS. Se busca con esto garantizar la cobertura y la calidad de dichos servicios públicos en periodos quinquenales y transitorios concordados con los ciclos de vida de las operaciones mineras y garantizando su sostenibilidad.

 7.      Convocar y liderar junto con el Estado (Nacional, Regional y Local), ONGs y Cooperación Internacional la implementación de los Planes de Desarrollo de los Corredores Económico-Productivos y Diversificación Productiva Regional tomando ventaja de los avances y logros en la ejecución del Plan de Desarrollo de Servicios Logísticos de Transporte. Implementar la figura del PMO territorial para ejecución de infraestructura y cierre de brechas en función de corredores económico-productivos y clústeres mineros (4).

 8.      Liderar y asumir responsabilidad compartida con gremios empresariales locales y estado a nivel local en la implementación de la estrategia de Desarrollo de Clústeres mineros determinados por el Concejo Nacional de Competitividad (CNC), según el cual en el Perú se han identificado cuatro clústeres mineros: clúster norte (Ancash, Cajamarca y La Libertad); clúster centro (Junín, Lima y Pasco), clúster sur (Arequipa, Moquegua y Tacna, y Madre de Dios) y clúster auxiliar (Lima y Arequipa). Cabe resaltar que, entre los corredores económicos más importantes, se ha identificado a la cadena minera Apurímac, Cusco, Arequipa y Moquegua que hoy cobra especial relevancia por la conflictividad social que existe en dicho corredor.

 9.      Generar alianzas con Universidades locales para promover innovación e investigación científica y competitividad en base a potencialidades territoriales y corredores económicos. Fomentar la creación de un Instituto para la Minería Sustentable (IMS) y un Centro de Competitividad para la Minería (CCM) tomando ventaja de la identificación de Clústeres mineros ya creados.

 10.  Desarrollar e implementar un Programa de Contenido Local bajo la figura de clústeres económico- productivos en base a potencialidades territoriales y corredores económicos. La cadena de valor minera debe configurarse como plataforma e incubación de emprendimientos. Promover incentivos empresariales para incubar emprendimientos y financiamiento público y privado (Desarrollo de Proveedores).

 11.  Desde la SNMPE o IIMP, crear y gestionar el Fondo Minero Nacional (FMN) con administración única, autonomía administrativa y financiera y descentralizada y financiada con el aporte voluntario de 0.5% de las utilidades después de impuestos de las operaciones mineras vigentes, recursos públicos y de la cooperación internacional cuyo único propósito sea el fortalecimiento de capacidades locales mediante el financiamiento de las Unidades de Gestión e Impacto Social (UGIS), elaboración de Planes de Desarrollo Territorial Integrado, promoción y desarrollo de corredores económico-productivos y fortalecimiento de clústeres mineros. El FMN podrá ser conformado por un (1) representante de la SNMPE / IIMP (quien preside y gerencia), SIN (1), Cámara de Comercio (1), PCM / MEF (1), Gobiernos Regionales (1), Municipios (1), Cooperación Internacional (1). El FMN podrá generar convenios para ejecutar recursos y acciones junto con el PMO territorial arriba descrito.