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Tratado de Integración y Complementación Minera: una mirada desde dentro
- Por Gastón Fernández Montero, Abogado y Académico, partícipe en la elaboración del Tratado de Integración y Complementación Minera Chile–Argentina. //

En 1997, Chile y Argentina decidieron dar un paso inédito en la historia de la minería mundial: firmar un tratado que transformara la cordillera de los Andes en un espacio de cooperación y desarrollo compartido. Como uno de los participantes en su gestación, puedo dar fe de que el Tratado de Integración y Complementación Minera (TICM) no fue solo un acuerdo técnico, sino también, un acto de confianza política y visión estratégica.
El tratado estableció un marco jurídico especial para que proyectos mineros pudieran operar en la franja fronteriza, superando las limitaciones que imponían las legislaciones nacionales. Se abrió la posibilidad de constituir servidumbres transfronterizas, de compartir infraestructura y de otorgar trato nacional a los inversionistas de ambos países. En otras palabras, se creó un espacio binacional donde la riqueza mineral podía ser explorada y explotada con reglas claras y previsibles.
Los beneficios esperados eran múltiples:
- Aprovechar recursos compartidos de cobre, oro y plata en yacimientos de clase mundial.
- Atraer inversión extranjera, al ofrecer seguridad jurídica en un territorio complejo.
- Impulsar el desarrollo regional, llevando empleo e infraestructura a zonas cordilleranas históricamente postergadas.
- Fortalecer la cooperación bilateral, demostrando que la cordillera podía unirnos en vez de dividirnos.
Sin embargo, también emergieron tensiones. Proyectos como Pascua Lama pusieron en evidencia los riesgos ambientales y la fragilidad de los glaciares. Se abrió un debate sobre la distribución de beneficios y sobre la soberanía regulatoria de cada país. El tratado, pensado como herramienta de integración, se convirtió en un espejo de nuestras contradicciones: ¿cómo equilibrar desarrollo económico con justicia territorial y protección ambiental?
Hoy, a más de dos décadas de su entrada en vigor, el TICM sigue siendo un referente mundial. Pero su verdadero valor no está solo en los proyectos que habilitó, sino en la reflexión a la que nos obliga: la minería no puede ser concebida únicamente como negocio, sino como parte de una memoria colectiva que exige justicia patrimonial y respeto por la naturaleza.
Participar en su elaboración me enseñó que los tratados son más que textos legales. Son compromisos históricos que deben dialogar con las comunidades y con el futuro. La cordillera, con su silencio y su grandeza, nos recuerda que toda riqueza debe ser compartida con responsabilidad. Si estos tratados binacionales se concretaran con otras naciones, además, haríamos más grande a América y se reforzarían lazos para una paz duradera en la región.



