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Las mujeres en la minería: avances legales, desafíos pendientes y el rol del sistema judicial
- Por Paula Rodríguez, abogada experta en derecho laboral de VA – Vidal Abogados. //

Según datos de la Alianza CCM-Eleva y Cochilco, en 2024 la participación femenina en la minería chilena alcanzó un 21,8%. Esta cifra no solo representa un hito para el país, sino que nos posiciona por sobre Canadá (18,4%) y nos acerca a Australia (22%), dos referentes a nivel global.
Como abogada laboral y desde mi experiencia en VA – Vidal Abogados, donde llevamos años asesorando a empresas del sector minero, veo este avance como un paso clave, pero aún insuficiente si no va acompañado de un cambio estructural que garantice condiciones laborales justas, equitativas y seguras para las mujeres.
La incorporación de más mujeres a la minería es, sin duda, un reflejo de los esfuerzos por diversificar una industria históricamente masculinizada. Sin embargo, también conlleva una serie de desafíos legales y culturales que no podemos ignorar. Las empresas y el sector público están llamados a revisar y fortalecer sus políticas de equidad de género, inclusión, prevención de la discriminación y conciliación laboral. Y en ese proceso, el sistema judicial cumple un rol fundamental: velar por el cumplimiento de las leyes y sancionar de manera ejemplar cualquier infracción que perjudique a las trabajadoras.
Desde una perspectiva práctica, las empresas mineras están obligadas a realizar evaluaciones semestrales de los riesgos psicosociales, con el respaldo de las Mutualidades de la Ley Nº 16.744. Estas evaluaciones deben incluir mecanismos de medición, tanto objetivos como anónimos, para asegurar la participación activa de los trabajadores y, en particular, de las mujeres. Con base en los resultados, es imprescindible diseñar e implementar programas de sensibilización, prevención y capacitación que aborden los estereotipos de género y sus consecuencias. No basta con declarar la inclusión como un valor; se debe trabajar activamente por erradicar los sesgos que perpetúan la exclusión.
Actualmente, contamos con marcos normativos que fortalecen este proceso. Entre las principales medidas legales destaco:
- Ley Karin: Obliga a las empresas a establecer protocolos claros para prevenir y sancionar el acoso laboral, sexual y la violencia de terceros. Integra la perspectiva de género como eje central.
- Ley de Conciliación de la Vida Familiar: Promueve la compatibilidad entre vida laboral y personal, favoreciendo una mayor corresponsabilidad y equidad.
- Regulación de la brecha salarial (en desarrollo): Busca cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres en todos los niveles de la industria minera.
- Programas de inclusión en STEM: Iniciativas impulsadas por actores como BHP están abriendo caminos para las mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, transformando poco a poco la cultura minera.
No obstante, estos avances no eliminan los desafíos que enfrentamos. Como especialista en derecho laboral, veo a diario cómo las mujeres continúan luchando contra:
- Estereotipos de género profundamente arraigados, que las relegan a tareas de cuidado y dificultan su acceso a roles técnicos o de liderazgo en faenas extractivas.
- Brechas salariales persistentes, que perpetúan la desigualdad a pesar de iguales o mayores calificaciones.
- Sesgos de género, que generan ambientes laborales tóxicos, desconfianza entre pares y un incremento de los riesgos psicosociales, incluyendo el acoso.
Transformar la minería en un espacio verdaderamente inclusivo implica reconocer que la igualdad legal no siempre garantiza la igualdad real. Requiere voluntad política, compromiso empresarial y una ciudadanía vigilante que no tolere retrocesos. Como jurista, me corresponde aportar desde el conocimiento legal, pero también desde la convicción profunda de que ningún sector productivo podrá desarrollarse de manera sostenible si no incorpora la equidad como pilar estructural.(Para más información: www.vidalabogados.cl )