Gremio de la Pequeña y Mediana Minería recurrirá a la justicia para defenderse de nueva ley sobre biodiversidad y áreas protegidas

• La nueva Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y Dueños de Concesiones Mineras A.G. decidió solicitar un estudio jurídico con el fin de poder recurrir ante los Tribunales de Justicia para revertir los nocivos efectos de la aplicación de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

La nueva Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y Dueños de Concesiones Mineras A.G. decidió solicitar un estudio jurídico con el fin de poder recurrir ante los Tribunales de Justicia para revertir los nocivos efectos de la aplicación de la Ley 21.600, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.

La decisión fue adoptada por los integrantes de la organización gremial considerando los graves alcances que tiene la nueva legislación de conservación de la biodiversidad y ecosistemas, y, sus 14 reglamentos, que ponen en jaque el derecho de propiedad, instalan fuertes limitaciones para avanzar en la productividad, anticipan el inminente cierre y abandono de faenas de la pequeña y mediana minería, y confirman la imposibilidad de seguir dando trabajo a miles de personas que dependen directamente de estas fuentes laborales, entre otras nefastas consecuencias.

Junto a la directiva provisional que encabeza el nuevo gremio, en esta tercera reunión de constitución participaron representantes de varios sectores productivos, que coincidieron plenamente en los negativos efectos jurídicos que tendrá para el marco regulatorio ambiental vigente y, muy especialmente para la Ley N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, modificando y derogando numerosas disposiciones.

En la ocasión, se designó al asesor jurídico de la agrupación, y experto en temas medioambientales, Juan Carlos Urquidi Fell, para que analice los contenidos del requerimiento judicial en defensa de los derechos e intereses que se ven gravemente amenazados. La aplicación de planes de biodiversidad de alcances desconocidos y la revisión de los permisos sectoriales otorgados, pueden afectar retroactivamente a aquellas actividades mineras que ya cuentan con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) vigente, “esto es, respecto de faenas mineras de exploración, explotación y procesamiento de minerales en plena operación, entre otras consecuencias”, aclaró el abogado.

En el mismo encuentro, la directiva provisional acordó ejecutar un plan de coordinación con otros sectores productivos que también serán afectados por las nuevas disposiciones legales, para iniciar movilizaciones conjuntas con el fin de llamar la atención de las autoridades políticas y detener la promulgación de los reglamentos.

El establecimiento de 99 sitios prioritarios a lo largo del país (23 en la macrozona norte, 46 en la macrozona centro, y 30 en la macrozona sur) amenazan con el cierre de importantes faenas mineras que llevan años operando en la extracción de minerales.

Y para definir estos denominados “sitios prioritarios”, el Ministerio de Medio Ambiente convocó a consultas públicas con un plazo de solo 30 corridos para la recepción de antecedentes, lo que claramente es insuficiente.

Se acordó participar en la consulta pública, pero haciendo reserva de las acciones y derechos que señala la ley en beneficio de los propietarios de los predios y pertenencias afectadas por las nuevas disposiciones legales.

“Nosotros estamos decididos a defender a los pequeños y medianos mineros y recurriremos a todas las instancias que nos permite la ley y la democracia. Si tenemos que salir a las calles, lo haremos; y estamos trabajando para incorporar a todos los sectores productivos del país que se verán afectados por las nuevas normas”, dijo Patricio Gatica Rossi, presidente provisional de la Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y Dueños de Concesiones Mineras A.G.