Contraloría aprueba primer contrato de la Estrategia Nacional del Litio para su operación en Atacama

• Con la toma de razón de la resolución que aprueba el Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) con la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), la estrategia avanza en la habilitación del proyecto Salares Altoandinos que la estatal implementará en la región de Atacama en asociación público-privada.

Contraloría General de la República aprobó el contrato especial de operación con la filial de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) en Salares Altoandinos. Se trata del primer CEOL que se otorga en el marco de la implementación de la Estrategia Nacional del Litio y que finaliza su tramitación administrativa, autorizando la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio en la región de Atacama con una inversión estimada cercana a US$3.000 millones.

El contrato firmado entre ENAMI y el Estado de Chile en septiembre pasado, con la presencia del Presidente de la República, Gabriel Boric, y representantes de comunidades indígenas, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2060 y se implementará en la comuna de Diego de Almagro, en alianza público-privada con Rio Tinto, el segundo conglomerado minero más grande del mundo.

Asimismo, el acuerdo establece un comité de gobernanza con participación paritaria con las comunidades indígenas, dado que en el marco del proceso de otorgamiento del CEOL, el ministerio de Minería desarrolló la primera consulta indígena de su historia institucional que cerró en forma exitosa con acuerdos con las 6 comunidades Colla que participaron de la instancia.

UN HITO HISTÓRICO PARA NUESTRO PAÍS

“Este es un hito histórico para nuestro país, estamos frente al primer Contrato Especial de Operación de Litio que cuenta con una consulta indígena que logró acuerdos con las comunidades y estos se expresan en cláusulas del contrato, además de contemplar recursos para los territorios – Gobierno Regional y Municipios – y aportes para I+D+i. Esta es otra demostración concreta de la implementación exitosa de la Estrategia Nacional del Litio que, además de habilitar nuevos proyectos para duplicar la producción nacional de este valioso mineral en la próxima década, ha establecido nuevos estándares de sostenibilidad para el desarrollo de la minería en nuestro país”, afirmó la ministra (S) de Minería, Suina Chahuán.

Igualmente, para dimensionar el impacto social y las proyecciones de esta iniciativa, la autoridad comentó que “este proyecto liderado por ENAMI, por ejemplo, utilizará tecnologías de extracción directa lo que permitirá reducir la huella ambiental y mantener el equilibrio hídrico de los salares. Son excelentes noticias para Chile, para la región de Atacama y para nuestra Empresa Nacional de Minería que durante los últimos años ha logrado estabilizarse financieramente, y ahora tiene proyectos de futuro para consolidar su posición”.

SALARES ALTOANDINOS ES EL PROYECTO GREENFIELD MÁS IMPORTANTE

Del mismo modo, el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Iván Mlynarz, destacó que esta toma de razón de la Contraloría “es una nueva señal de que en ENAMI avanzamos de manera concreta y somos protagonistas en la Estrategia Nacional del Litio. Salares Altoandinos es el proyecto greenfield más importante en materia de litio en Chile, y con esta luz verde en sede administrativa estamos cada vez más cerca de iniciar la explotación y aportar más litio al país”.

El Contrato Especial de Operación de Litio fija los plazos, las condiciones tanto económicas como de exploración y explotación, e importantes resguardos en materia ambiental. Además, entrega certezas a las partes en temas clave como la retribución al Estado (royalty), y promueve el uso de nuevas tecnologías conforme al mandato de la estrategia.

También, incorpora aportes para la región de Atacama y para el Desarrollo Productivo Sostenible, en áreas como generación de conocimiento, tecnología e información, y apoyos a proyectos de inversión. Finalmente, considera un incentivo para la elaboración de productos de valor agregado en el país, lo que junto a otras políticas públicas en marcha contribuye a generar las condiciones para el desarrollo de la cadena del valor del litio a nivel nacional.