Comité de Ministros destraba US$ 219 millones y refuerza ofensiva por inversión, empleo y menor permisología

• Con un proyecto minero que llevaba 17 años en evaluación y una obra clave para mitigar aluviones en la precordillera capitalina, el Comité de Ministros vuelve a ocupar un lugar central en la ofensiva del gobierno de José Antonio Kast por reducir la permisología y reactivar la economía nacional. En sólo 3 meses desde que asumió esta administración acumula más de US$ 3.400 millones en iniciativas destrabadas.

La aprobación de dos iniciativas por cerca de US$ 219 millones —entre ellas una planta de sales de potasio en el Salar de Atacama y una obra de control aluvional en la Región Metropolitana— vuelve a situar al Comité de Ministros en el centro de la estrategia del gobierno de José Antonio Kast para reactivar la inversión.

En un escenario marcado por el bajo dinamismo económico y por la presión empresarial para acortar la tramitación de proyectos, la señal oficial apunta a demostrar que el sistema ambiental puede resolver controversias sin prolongar indefinidamente la incertidumbre regulatoria.

La sesión realizada a fines de la semana pasada forma parte de una secuencia de revisiones orientadas a destrabar reclamaciones pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, uno de los principales focos del debate sobre permisología en Chile. Para el Ejecutivo, acelerar estas definiciones no solo tiene un valor administrativo: también busca restituir certeza a inversionistas, reducir el costo de proyectos demorados durante años y mejorar la capacidad del país para competir por capital en sectores intensivos en recursos naturales e infraestructura.

Encabezado por la ministra de Medio Ambiente, el Comité —integrado además por Economía, Salud, Energía, Minería y Agricultura— aprobó los dos proyectos que habían quedado pendientes desde la sesión anterior. Con ello, la administración acumula más de US$ 3.400 millones en iniciativas destrabadas, una cifra que el gobierno busca exhibir como evidencia de una agenda procrecimiento apoyada en decisiones regulatorias más rápidas, mayor previsibilidad institucional y una señal explícita a favor de la inversión privada y pública.

El expediente de mayor carga simbólica y económica fue el de la planta de producción de sales de potasio SLM NX Uno de Peine, vinculada al Grupo Errázuriz, en el poniente del Salar de Atacama. Con una inversión actualizada de US$ 143 millones, el proyecto se había convertido en un emblema de la demora regulatoria: ingresó al sistema en febrero de 2009 y atravesó años de observaciones, rechazos y controversias hasta obtener ahora su aprobación, después de una reclamación presentada por la empresa tras la negativa recibida en 2025. En una industria minera donde los plazos definen retornos, financiamiento y decisiones de expansión, el caso resume con nitidez el costo económico de la incertidumbre ambiental cuando se prolonga por más de una década.

La iniciativa tiene por objetivo recuperar sales de potasio a partir de prospecciones en la zona y alcanzar una producción de 200 mil toneladas anuales de cloruro de potasio, un insumo relevante para cadenas industriales y agrícolas. El impacto económico del proyecto no se limita a la faena: las proyecciones consideran 275 empleos directos, más de 1.000 indirectos y otros 500 puestos en Tarapacá asociados a la producción de nitrato de potasio a partir del cloruro obtenido en Atacama. En momentos en que la minería vuelve a ser observada como motor de inversión y empleo regional, la aprobación refuerza la tesis oficial de que acelerar permisos puede traducirse en actividad productiva, demanda por servicios y mayor tracción para economías locales.

La segunda resolución favorable recayó en el proyecto de obras para control aluvional y de crecidas líquidas en la Quebrada de Ramón, impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y valorizado en US$ 76 millones. Aunque no pertenece al corazón del negocio minero, su aprobación también dialoga con la agenda de inversión: se trata de infraestructura preventiva destinada a proteger viviendas, vialidad y activos urbanos frente a eventos extremos, un componente cada vez más relevante en la ecuación económica de proyectos públicos. El plan contempla sistemas de captación, contención y desvío de aguas, junto con mallas para retener material sólido, con el objetivo de disminuir el riesgo de daños mayores en la zona precordillerana de Las Condes.

El trasfondo de estas decisiones excede la suerte de dos expedientes concretos. Lo que está en juego es la capacidad de Chile para compatibilizar estándares ambientales exigentes con una tramitación que no expulse inversión ni erosione competitividad frente a otros destinos de capital. Para el gobierno, cada proyecto destrabado alimenta una narrativa de reactivación basada en certeza regulatoria, empleo y crecimiento; para el mundo empresarial, funciona además como una señal sobre cuánto puede corregirse una permisología que durante años ha sido vista como un freno estructural. En esa intersección entre minería, infraestructura y regulación se define hoy una parte sustantiva de la discusión económica del país.