El Abra: Las primeras exigencias del SEA y los servicios públicos al mayor proyecto minero ingresado desde la llegada de Kast

• La iniciativa de Minera El Abra, valorizada en US$ 7.500 millones, busca extender en cuatro décadas la operación del yacimiento y aumentar la producción de cobre. Pero en sus primeras etapas de evaluación ambiental ya enfrenta requerimientos que van desde medir el estrés de la relocalización de vizcachas hasta detectar un cactus endémico con drones.

En marzo ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental el proyecto “Continuidad Operacional Minera El Abra y Desarrollo de Planta Concentradora con Transición Hídrica a Agua Desalada”, presentado por la Sociedad Contractual Minera El Abra, ligada a Freeport-McMoRan y Codelco. La iniciativa contempla una inversión estimada de US$ 7.500 millones y tiene por objetivo asegurar la continuidad operacional de la faena mediante una nueva planta concentradora, un depósito de relaves y la transición hacia el uso de agua desalada, con una vida útil total de 44 años.

Por su escala, el expediente ya aparece como una de las inversiones más relevantes en carpeta en la minería chilena. La compañía sostiene que, de ser aprobado, el proyecto permitiría extender en unos 40 años la vida útil de la operación y elevar en más de 300 mil toneladas anuales la producción de cobre. Durante la construcción, además, podría alcanzar cerca de 20 mil empleos, mientras que en régimen sumaría unos 2.300 trabajadores directos, junto con un número similar de contratistas.

Sin embargo, el aterrizaje del proyecto en el SEA abrió de inmediato otra dimensión: la de las observaciones formuladas por los servicios con competencia ambiental. En los primeros requerimientos aparecen exigencias técnicas y de detalle sobre fauna, flora y cursos de agua, en una señal de que la promesa oficial de acelerar la inversión privada convive, al menos por ahora, con una tramitación sectorial que mantiene intacto su nivel de escrutinio.

EFICIENCIA DE LA ACCIÓN Y EL ESTRÉS QUE GENERA A LOS INDIVIDUOS

Uno de los oficios más ilustrativos es el del Servicio Agrícola y Ganadero. Allí se pide al titular justificar la captura y relocalización de la vizcacha montañera, considerando “la eficiencia de la acción y el estrés que genera a los individuos”. El mismo servicio también cuestionó el estudio sobre la chinchilla y solicitó reevaluar dos impactos: la pérdida de hábitat por la construcción de obras y la desaparición de madrigueras, incluyendo una cuantificación más precisa del territorio y de los refugios que podrían verse afectados.

El SAG, además, pidió cuantificar y analizar la afectación del tomatillo del desierto y el efecto que ello podría tener sobre la población de chinchillas. A eso sumó la exigencia de robustecer el monitoreo con cámaras trampa en distintas temporadas del año, detallando distancia entre dispositivos, cantidad utilizada y criterios de ubicación. En paralelo, también pidió justificar con bibliografía especializada las fechas de monitoreo de tránsito nocturno de golondrina de mar y gaviota garuma, y complementar esos registros si no se cubrió el período de mayor actividad reproductiva.

Las exigencias no se detienen ahí. El SAG solicitó analizar un cambio de trazado para el mejoramiento del camino vinculado al acueducto, con el fin de evitar afectar dos ejemplares del cardón de la puna. A su vez, la Corporación Nacional Forestal pidió realizar un microruteo detallado en una franja altitudinal específica para detectar individuos de Eriosyce laui, un cactus enano endémico de Chile, e incluso planteó la posibilidad de utilizar aeronaves pilotadas a distancia en sectores con restricciones de acceso.

REPLANTAR CADA ESPECIE VEGETAL EN EL MISMO PUNTO DONDE SE ENCONTRABA NATURALMENTE

En la misma línea, la Conaf exigió registrar el número de individuos de especies arbustivas presentes en la zona del proyecto, identificar cuántos ejemplares se perderían y precisar las obras que los afectarían. El seremi de Agricultura de Antofagasta, Harry Pallero, fue más allá al pedir que, en caso de una eventual desviación tipo bypass del río Loa por las obras del sistema de impulsión, se identifique, georreferencie y replante cada especie vegetal en el mismo punto donde se encontraba naturalmente, para minimizar el impacto ecológico y evitar procesos de readaptación.

El caso de El Abra aparece así como una primera prueba para el discurso proinversión del gobierno de José Antonio Kast. Mientras La Moneda ha puesto entre sus prioridades destrabar proyectos y reducir la llamada “permisología”, distintas reparticiones públicas siguen formulando observaciones minuciosas y especializadas que pueden alargar los tiempos de tramitación. Esa tensión entre la señal política de acelerar la inversión y la autonomía técnica de los servicios vuelve a instalar, en los hechos, una discusión que ya marcó los años anteriores: cuánto de la burocracia ambiental responde a resguardos indispensables y cuánto a una estructura estatal que opera sin mayor coordinación.

Por ahora, el expediente recién inicia su recorrido ambiental. Pero las primeras observaciones ya muestran que el mayor proyecto minero ingresado desde el cambio de mando no solo se jugará en su envergadura económica o en la promesa de empleo que lo acompaña. También se definirá en la capacidad del titular para responder a una batería de exigencias que, entre vizcachas, chinchillas, tomatillos y cactus enanos, anticipa una evaluación exhaustiva y potencialmente compleja.