AGRUMIN pide medidas concretas al Gobierno para impulsar a la pequeña y mediana minería

• En una reunión con el subsecretario de Minería, Álvaro González, la dirigencia gremial valoró la política de “puertas abiertas”, pero advirtió que el diálogo debe traducirse en soluciones efectivas. AGRUMIN sostuvo que la agenda gubernamental de crecimiento y creación de empleos requiere condiciones que permitan al sector desarrollarse adecuadamente.

La directiva de la Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y de Dueños de Concesiones Mineras A.G. (AGRUMIN) llegó a una reunión con el subsecretario de Minería, Álvaro González, con una agenda marcada por la urgencia. En la cita, los dirigentes expusieron las dificultades regulatorias, económicas y productivas que, a su juicio, están restringiendo la actividad de los productores de menor escala y poniendo en riesgo su capacidad para sostener inversiones y fuentes laborales.

El balance del gremio fue crítico. Aunque AGRUMIN pudo presentar todos los asuntos que preocupan al sector, manifestó preocupación e insatisfacción con los resultados del encuentro, al considerar que la autoridad sectorial no abordó suficientemente las dificultades planteadas ni la urgencia de resolverlas. Su presidente, Patricio Gatica, afirmó que “las respuestas reflejan una comprensión insuficiente de los problemas que enfrenta la pequeña y mediana minería”.

La delegación estuvo integrada por Gatica; el vicepresidente de AGRUMIN, Fernando Gattas; los directores Juan Carlos Urquidi Fell, Jorge Pavletic y Alexis Valenzuela; y los abogados Bárbara Dodds y Tomás González. Al cierre de la reunión, la agrupación agradeció la disposición de González a recibir al sector, pero enfatizó que una política de “puertas abiertas” solo será suficiente si deriva en decisiones y acciones verificables.

Para AGRUMIN, esa necesidad de resultados tiene una dimensión que excede al propio gremio. Sus representantes sostuvieron que la agenda de crecimiento económico y creación de empleos impulsada por el Gobierno requiere un entorno que permita a la pequeña y mediana minería desarrollarse adecuadamente. El sector, afirmaron, puede aportar inversión, actividad regional y puestos de trabajo, pero necesita reglas aplicables a su escala, certeza para sus proyectos y una política de fomento capaz de remover los obstáculos que hoy limitan su expansión.

LEY SBAP: PREOCUPACIÓN POR NUEVAS RESTRICCIONES

Uno de los principales capítulos de la conversación fue la Ley SBAP. AGRUMIN expresó alta preocupación por los efectos que, según indicó, están causando los sitios prioritarios vigentes sobre las primeras 4.000.000 de hectáreas del territorio nacional, los nuevos instrumentos de conservación de la biodiversidad y las exigencias de compensaciones ambientales para proyectos que ya cuentan con autorizaciones y resoluciones de calificación ambiental vigentes.

El gremio cuestionó que nuevas restricciones legales puedan aplicarse de manera retroactiva y alterar las condiciones bajo las cuales se ejecutaron inversiones y se cumplieron las exigencias establecidas por el Estado. También rechazó que toda la pequeña minería ubicada bajo sitios prioritarios deba presentar estudios de impacto ambiental para continuar operando. “No es razonable que proyectos que obtuvieron sus permisos y autorizaciones técnicas y ambientales, realizaron inversiones y cumplieron las exigencias establecidas por el Estado enfrenten posteriormente nuevas restricciones que, en los hechos, alteren las condiciones bajo las cuales adoptaron sus decisiones de inversión”, sostuvo Gatica.

El director jurídico de AGRUMIN, Juan Carlos Urquidi Fell, recalcó que los productores de menor escala cuentan con recursos financieros y administrativos limitados para enfrentar nuevas exigencias, mayores costos y tramitaciones prolongadas. Recordó que la minería chilena, sin distinción de tamaño, se ha adaptado durante décadas a estándares ambientales crecientes mediante evaluaciones, monitoreos, planes de cierre y tecnologías destinadas a reducir impactos. Asimismo, advirtió que algunos productores podrían demandar al Estado si estiman vulnerados sus derechos, y mencionó como los sectores más afectados la localidad de Chancón y la provincia de Petorca.

PATENTES MINERAS Y RIESGO DE REMATES

Frente al proyecto sobre patentes mineras que debe ser votado por la Comisión de Minería y Energía del Senado, AGRUMIN solicitó restituir un régimen acorde con la realidad productiva de la pequeña minería. La organización cuestionó el aumento progresivo de los pagos y afirmó que el sistema ya está teniendo consecuencias: casi la mitad de las solicitudes de rebaja presentadas ante Sernageomin habría sido rechazada y las pertenencias cuyos titulares no pudieron solventar el incremento se encuentran en proceso de remate.

“Este proceso de remate comienza este mes y solo en la Región del Maule hay 312 pertenencias mineras en situación de remate. Solicitamos al Gobierno y al Parlamento detener este proceso hasta que se encuentre una solución”, señaló el vicepresidente de AGRUMIN, Fernando Gattas. El dirigente advirtió que el escenario favorece la concentración de la propiedad minera, debilita a quienes debieran ser destinatarios de acciones de fomento y amenaza las fuentes laborales que generan.

La agrupación añadió que los requisitos para acceder y mantener la patente rebajada, junto con la elevada tasa de rechazo de los antecedentes presentados para acreditar la condición de pequeño minero, constituyen barreras que deben revisarse. A su juicio, cualquier solución debe considerar las capacidades administrativas y las condiciones productivas reales de quienes operan a menor escala.

PAIPOTE COMO EJE DE REACTIVACIÓN REGIONAL

La modernización de la Fundición Paipote ocupó otro lugar central en la agenda. AGRUMIN pidió que el proyecto sea tratado como una prioridad por su importancia para la viabilidad de los productores de menor escala y para la economía de Atacama. “Nuestro gremio considera indispensable y urgente materializar la nueva Fundición Paipote. El proyecto es clave para recuperar el rol histórico de ENAMI como instrumento de fomento, dar viabilidad a la pequeña y mediana minería, reconstruir capacidad nacional de fundición y refino, agregar valor al cobre chileno y reactivar la economía de Atacama”, afirmó Gatica.

Según el presidente gremial, la iniciativa cuenta con formulación técnica y evaluación financiera, además de tecnología y estándares ambientales que respaldan su desarrollo. No obstante, precisó que, de acuerdo con lo conversado con el vicepresidente ejecutivo de ENAMI, todavía se requieren algunos estudios y compromisos de abastecimiento por parte de las empresas que proveerían a la futura fundición. Gatica estimó que la etapa de construcción podría generar más de 5.000 empleos directos en la Región de Atacama, sin considerar los puestos indirectos, y destacó el respaldo de la comunidad y del gobierno regional.

MÁS CAPACIDAD PARA CRECER

AGRUMIN también planteó la necesidad de elevar los umbrales que definen la pequeña minería. Gatica sostuvo que mantener por más de 30 años el límite de 5.000 toneladas mensuales ha impedido el crecimiento del sector. Ante el subsecretario, señaló que un aumento a 20.000 toneladas mensuales permitiría emprender nuevas iniciativas sin alterar el régimen de tutela ambiental y agregó que, si el nuevo umbral llegara a 40.000 toneladas, los productores estarían en condiciones de asumir ese desafío.

En ese marco, el gremio insistió en que la pequeña y mediana minería puede contribuir al crecimiento y al empleo en un escenario de emergencia laboral, siempre que existan condiciones para invertir, operar y ampliar la producción. La agrupación reafirmó su disposición a colaborar con el Gobierno en esa agenda, pero dejó establecido que espera que las conversaciones se traduzcan en medidas concretas y plazos efectivos.

AGRUMIN cerró el encuentro ratificando su compromiso con la pequeña y mediana minería y anticipando una postura más enérgica para conseguir respuestas. El mensaje central de la directiva fue que la apertura al diálogo constituye un punto de partida, pero no reemplaza las soluciones: para que el sector acompañe los objetivos de crecimiento, inversión y creación de empleos, se requieren decisiones públicas que atiendan su realidad productiva y le permitan desarrollarse de manera sostenible.