- Por Jorge Pavletic, Consejero de SONAMI y ex presidente de la Asociación Gremial Minera de Taltal.
La pequeña minería necesita una defensa firme, no una celebración de plazos. Frente al riesgo de perder concesiones por el no pago de patentes, la pregunta decisiva no es cuánto tiempo se posterga una obligación, sino qué condiciones permitirán a los pequeños productores conservar sus pertenencias y desarrollar su trabajo. Confundir ambas cosas es reducir un problema de fondo a una fecha en el calendario.
La comunicación enviada por la Sociedad Nacional de Minería a sus presidentes y consejeros informa que, conforme a la Ley N° 21.853, el pago de la patente minera de 2026 se posterga hasta el 28 de febrero de 2027. También, señala que las nóminas de morosos correspondientes a ese pago deben actualizarse, excluyendo las concesiones comprendidas en la disposición. Es un alivio temporal que no corresponde desconocer. Pero tampoco corresponde presentarlo como una respuesta suficiente a la situación de la pequeña minería.
La crítica de Joel Carrizo, vicepresidente de Pequeña Minería en SONAMI, obliga a mirar más allá del anuncio. Según los antecedentes que aporta, en Taltal se incluyeron 740 concesiones de explotación en el proceso de remate correspondiente a 2025: se remataron 12, de las cuales solo tres eran de pequeños mineros, mientras las otras 728 quedaron en terreno franco y, de acuerdo con su relato, pertenecían a grandes empresas. Para 2026, señala una nómina de 1.640 concesiones, con solo 13 de pequeños mineros y 1.627 de grandes empresas que habrían decidido dejarlas perder.
Yo agrego que, en el remate del 15 de octubre se fueron a terreno franco 727 concesiones de explotación y en el remate del 5 de noviembre fueron 789, además de las de exploración.
Estas cifras no describen un remate compuesto mayoritariamente por pequeños productores. Precisamente por eso, exigen distinguir realidades: no es lo mismo una gran empresa que decide abandonar concesiones que un pequeño minero que arriesga perder la base de su actividad. El número de pertenencias no mide por sí solo la gravedad de la pérdida para quien depende de ellas. Que sean pocos no hace menos urgente su defensa.
Ahí está la insuficiencia del mensaje gremial. Informar una modificación legal es necesario; ejercer una representación fuerte exige bastante más. SONAMI debiera explicar qué solución propone para los pequeños mineros que, terminado el aplazamiento, seguirán enfrentando dificultades para pagar. ¿Qué cambia para ellos después del 28 de febrero de 2027? ¿Qué defensa concreta tendrán, si el problema que los llevó a la morosidad permanece? Sin respuestas, la postergación corre el riesgo de convertirse en una cuenta regresiva, no en una salida.
Carrizo agrega otro antecedente que merece atención: sostiene que han quedado más de 450.000 hectáreas en terreno franco y cuestiona que esa disponibilidad se traduzca, por sí sola, en nuevas oportunidades de desarrollo minero. Su objeción apunta al corazón del debate: liberar superficie no equivale automáticamente a ponerla a trabajar. Si se busca terminar con la inmovilización de concesiones, el resultado debe evaluarse por las posibilidades reales de desarrollar minería, no solamente por el terreno que cambia de condición.
Desde esa perspectiva, la defensa de la pequeña minería debe ser explícita, sostenida y diferenciada. Sonami debiera exigir condiciones de pago acordes con la realidad de los pequeños productores, acompañamiento para quienes enfrentan estos procesos y una evaluación transparente de los efectos del régimen de patentes sobre el sector. No basta con transmitir los alcances de una ley: corresponde plantear con fuerza qué falta y a quiénes sigue dejando expuestos.
No se trata de rechazar un alivio porque sea transitorio. Se trata de no confundirlo con una solución estructural. Una organización que representa a la minería no puede dar por cumplida su tarea cuando consigue más tiempo, si sus representados más pequeños continúan sin una salida viable. La dureza de la crítica de Joel Carrizo debe servir para abrir esa discusión, no para eludirla.
La pequeña minería no necesita que se celebre el aplazamiento de su angustia. Necesita que se defienda su posibilidad de seguir trabajando. Sonami debe recuperar esa prioridad y expresarla con una voz inequívoca. Porque postergar el pago puede dar un respiro; defender al pequeño minero exige asegurar que ese respiro no sea apenas la antesala de su desaparición.
