Codelco busca certeza jurídica ante observaciones de Contraloría y recalca respeto por los mecanismos de control

• La empresa estatal presentó un recurso ante tribunales para aclarar el alcance de determinadas exigencias formuladas por la Contraloría General de la República respecto de actuaciones propias de su gestión empresarial. En su declaración oficial, la corporación enfatizó que mantiene pleno respeto por las atribuciones del órgano fiscalizador y que la acción judicial no modifica los controles, auditorías y supervisiones a los que se encuentra sometida.

Una nueva controversia institucional se abrió en torno al marco de actuación de Codelco y el alcance del control que ejerce la Contraloría General de la República sobre determinadas decisiones de la cuprífera estatal. La empresa confirmó la presentación de un recurso legal destinado a obtener certeza jurídica respecto de la aplicación de exigencias asociadas a actos propios de su gestión empresarial, luego de que el órgano contralor formulara observaciones vinculadas con la constitución, participación, modificación, retiro y extinción de personas jurídicas relacionadas con la compañía.

De acuerdo con los antecedentes conocidos, el punto de tensión surgió a partir de un oficio emitido por la Contraloría el 22 de abril, en el que se habría exigido a Codelco dictar actos administrativos y someterlos al trámite de toma de razón en materias vinculadas con la creación y participación en sociedades. En particular, la discusión se relacionaría con observaciones formuladas en el marco de los requisitos y condiciones para la entrega de un Contrato Especial de Operación de Litio en favor de Minera Ascotán SpA, sociedad coligada a Codelco.

Según la interpretación atribuida a la estatal en la acción presentada, la exigencia planteada por la Contraloría implicaría que determinadas decisiones empresariales de Codelco deban adoptarse mediante actos administrativos y, antes de ejecutarse, someterse al control previo de legalidad conocido como toma de razón. Para la compañía, esa lectura resulta ajena a la naturaleza empresarial con la que opera en mercados altamente competitivos y dinámicos, particularmente en sectores estratégicos como el cobre y el litio.

LA RESPUESTA OFICIAL DE CODELCO

No obstante, la respuesta oficial de Codelco buscó delimitar el sentido del recurso y evitar que la acción fuera interpretada como un desconocimiento del rol fiscalizador de la Contraloría. En una declaración pública, la corporación sostuvo que el recurso fue presentado con el propósito de “obtener certeza jurídica respecto de la aplicación de determinadas actuaciones propias de su gestión empresarial que son objeto de revisión por parte de la Contraloría General de la República”.

La empresa estatal agregó que mantiene “su pleno respeto por las atribuciones de la Contraloría y el rol que dicha institución desempeña en el sistema de control del Estado”. Con ello, Codelco procuró subrayar que la controversia se circunscribe a la interpretación jurídica sobre el modo en que ciertas actuaciones empresariales deben ser revisadas, y no a una impugnación general de las facultades del órgano contralor.

En la misma línea, la corporación enfatizó que la presentación ante tribunales no altera los mecanismos de control y rendición de cuentas a los que se encuentra sujeta. Entre ellos mencionó auditorías internas y externas, la fiscalización de la propia Contraloría dentro del ámbito de sus competencias, la supervisión permanente de la Comisión Chilena del Cobre y la regulación de la Comisión para el Mercado Financiero.

De esta forma, Codelco intentó dejar establecido que su solicitud no persigue reducir los estándares de control sobre su gestión, sino clarificar institucionalmente qué procedimientos corresponden en el marco de su funcionamiento como empresa del Estado. La distinción es relevante porque la compañía combina una condición pública —por pertenecer al Estado— con una operación empresarial en mercados internacionales, donde la oportunidad y agilidad de las decisiones puede tener efectos económicos y estratégicos.

El intercambio de posiciones abre, así, una discusión de fondo sobre el equilibrio entre control público, certeza jurídica y gestión empresarial. Mientras la Contraloría ha planteado la necesidad de revisar ciertos actos bajo la lógica del control administrativo, Codelco sostiene que requiere claridad respecto de la forma en que esas exigencias se aplican a decisiones propias de su giro, especialmente cuando involucran la creación o participación en personas jurídicas y proyectos asociados a recursos estratégicos.

En su declaración, la empresa cerró señalando que confía en que estas materias puedan ser aclaradas institucionalmente, de modo de contribuir a la certeza jurídica, al funcionamiento eficiente de la compañía y al pleno resguardo de los mecanismos de control de su gestión. Con esa formulación, Codelco buscó presentar el recurso como una vía para ordenar criterios y despejar dudas, más que como una confrontación con la entidad contralora.