Contraloría rechaza dos contratos de litio del actual gobierno y genera debate sobre el futuro de la Estrategia Nacional del Litio

• El organismo contralor emitió la resolución en la que declaró inadmisibles los dos contratos de litio (CEOL) firmados por el actual gobierno, a solo días de que asuma la nueva administración del país. El fundamento principal del rechazo radicó en errores administrativos detectados en los procedimientos de tramitación y adjudicación.

El litio, considerado uno de los recursos estratégicos clave para la transición energética y el desarrollo tecnológico, ha colocado a Chile en el centro de la atención mundial.

En este contexto, la firma de dos contratos entre el gobierno y actores privados buscaba fortalecer la posición del país en la cadena de valor del mineral. Sin embargo, la reciente resolución de la Contraloría General de la República, que rechazó ambos contratos, ha generado un profundo debate respecto al futuro de la Estrategia Nacional del Litio y al papel del Estado y los privados en la explotación de este recurso.

La Contraloría General de la República emitió la resolución en la que declaró inadmisibles los dos contratos de litio (CEOL) firmados por el actual gobierno, a solo días de que asuma la nueva administración del país. El fundamento principal del rechazo radicó en errores administrativos detectados en los procedimientos de tramitación y adjudicación.

Según el órgano contralor, las omisiones y fallas en la documentación generaron vicios de legalidad que impiden validar los actos administrativos en cuestión, lo que implica la nulidad de los contratos suscritos y la necesidad de reiniciar los procesos bajo estrictos estándares de transparencia y cumplimiento normativo.

IMPLICANCIAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS

El rechazo de la Contraloría no sólo tiene efectos inmediatos sobre los contratos anulados, sino que establece un precedente para futuras licitaciones de recursos estratégicos. Desde el punto de vista legal, la decisión refuerza la importancia de la probidad y el respeto a los procedimientos en la administración pública. Administrativamente, obliga al gobierno a revisar sus procesos internos y a establecer controles más rigurosos para evitar nuevas observaciones que puedan poner en riesgo proyectos relevantes para la economía nacional.

La resolución de la Contraloría afecta directamente la implementación de la Estrategia Nacional del Litio, uno de los ejes prioritarios del Ejecutivo para potenciar la industria minera chilena y que ha sido ampliamente publicitada en la última semana.

La anulación de los contratos retrasa la concreción de inversiones tanto privadas como públicas destinadas al desarrollo de nuevas faenas y a la incorporación de tecnología de valor agregado. Desde el Ministerio de Minería se reconoció la preocupación por el revés administrativo, señalando la disposición a subsanar los errores y a mantener el diálogo con los actores del sector para no perder competitividad internacional.

CRÍTICAS Y DECLARACIONES DEL SECTOR MINERO

La decisión de la Contraloría generó diversas reacciones entre los líderes gremiales del sector minero. Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), expresó su preocupación por las trabas burocráticas que, a su juicio, dificultan la atracción de inversiones y la certeza jurídica para los proyectos mineros. Riesco enfatizó la necesidad de modernizar los procesos administrativos y de generar mayor coordinación entre las instituciones públicas, advirtiendo que el país podría perder oportunidades frente a competidores internacionales.

Por su parte, Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile, calificó la situación como un llamado de atención para fortalecer los mecanismos de fiscalización y asegurar la transparencia en los procesos de adjudicación. Viera destacó la importancia de la colaboración público-privada para el desarrollo sostenible del litio, y abogó por revisar las normativas vigentes con el fin de facilitar la implementación de la Estrategia Nacional del Litio sin comprometer el cumplimiento regulatorio.

La resolución de la Contraloría abre una ventana de oportunidad para profundizar en la revisión de los procedimientos administrativos y fortalecer la institucionalidad relacionada con la gobernanza de los recursos estratégicos. Expertos coinciden en que será fundamental mejorar la coordinación entre los organismos públicos y el sector privado, así como establecer mecanismos de control más ágiles y efectivos.

Entre las posibles soluciones se contempla la actualización de normativas, la capacitación de funcionarios y la promoción de espacios de diálogo permanente para anticipar y resolver eventuales controversias.

El rechazo de los contratos de litio por parte de la Contraloría General de la República representa un hito relevante para el sector minero chileno. Si bien evidencia la necesidad de corregir deficiencias administrativas, también plantea desafíos estratégicos para mantener el liderazgo de Chile en la producción y exportación de litio.

El sector enfrentará ahora la tarea de reconstruir la confianza, optimizar los procesos y fortalecer la colaboración público-privada, elementos clave para asegurar el desarrollo sostenible y competitivo de la industria en el mediano y largo plazo, a solo día del término del actual gobierno.