El peor royalty es el tiempo: cómo acortar la maduración de los proyectos Greenfield

• Por Dr. Manuel Viera Flores, Presidente de la Cámara Minera de Chile, CEO Metaproject Group · PhD en Finanzas y Economía de Minerales. //

Hay una cifra que debería quitarnos el sueño a quienes vivimos de la minería. Según S&P Global, una mina tardó en promedio 17,8 años desde su descubrimiento hasta que entró en producción entre 2020 y 2024. Las que partieron en los años noventa tardaban seis. En cobre el promedio es 17,9 años, y la actualización de 2026 del mismo estudio ya habla de plazos cercanos a los 30 años por culpa de los permisos.

Estados Unidos demora 29 años, Canadá 27 y Australia 20. Chile y Perú siguen esta tendencia. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad midió rutas críticas de permisos de hasta 11 años, 2,7 veces el plazo legal, y el Consejo Minero calcula 11 años y 7 meses de aprobación promedio para un gran proyecto. En Perú, el Instituto de Ingenieros de Minas habla de tres generaciones, treinta años, entre el hallazgo y la operación; y obtener permiso para perforar toma 68 meses cuando en Brasil toma dos o tres meses.

Lo digo con la claridad que dan tres décadas de experiencia en finanzas y economía de minerales: “el peor impuesto no es el royalty, es el tiempo”.

Un proyecto de 200 mil toneladas de cobre que se atrasa un año, a razón de US$12.000 la tonelada, son US$2.400 millones en exportaciones que fracasan o no existen y, en Chile, cerca de US$600 millones de recaudación que el Fisco nunca ve. Y el problema es doble: mientras la maduración se alarga, la siembra se seca. El gasto mundial en exploración cayó por tercer año consecutivo a US$12.400 millones en 2025 y la exploración básica, la que encuentra minas nuevas, bajó al 21% del total, el mínimo histórico.

La consecuencia: solo cuatro grandes depósitos de cobre se descubrieron en el mundo en los últimos cinco años. Chile exhibe una cartera récord de US$104.549 millones en proyectos del sector minero, pero apenas el 19% es greenfield. Perú tiene 66 proyectos por US$64.075 millones, 63% greenfield, y la mayoría lleva más de una década en cartera. Es decir, la minería adolece una enfermedad crónica producto de la maldita permisología.

Si hacemos un análisis con supuestos explícitos. Chile tiene cerca de 2 millones de toneladas de cobre en cartera esperando permisos y Perú alrededor de 1,5 millones. A US$12.000 la tonelada, cada año de tramitación excesiva posterga US$24.000 millones de exportaciones y unos US$6.600 millones de recaudación en Chile, casi el déficit fiscal completo de 2025, y US$18.000 millones de exportaciones que se dejan de hacer; y en el Perú US$3.500 millones de canon, regalías e impuestos. Con un exceso de cuatro a seis años sobre un plazo razonable, y descontando que parte de ese flujo solo se posterga, la pérdida definitiva ronda los US$12.000 millones fiscales para Chile y los US$6.000 millones para Perú. Es el impuesto más caro que pagamos y que nadie lo votó democráticamente, pero mi pregunta es ¿dónde están nuestros legisladores que no ven estos números?

La cuenta tiene un reverso que conviene mirar, porque muestra lo que ganamos cuando decidimos. Quellaveco. Un solo proyecto de US$5.500 millones, explicó 0,8 puntos del crecimiento del PBI peruano en 2023, elevó 28% el PIB per cápita de Moquegua, multiplicó por 2,7 la producción de cobre de la región y dejó S/601 millones de canon y regalías en su primer año de operación, el 86% de los recursos de inversión pública de esa región, con 2.500 empleos directos y cerca de 20.000 empleos relacionados.

Un proyecto greenfield de 200 mil toneladas genera 8.000 a 12.000 empleos en construcción, unos 10.000 en operación contando los indirectos, US$2.400 millones anuales de exportaciones, y entre US$460 y 660 millones de recaudación cada año, según el país. Eso es lo que está en la fila de espera. Entonces la pregunta orientadora es; ¿cómo acortamos el tiempo para hacer madurar un Greenfield y que gane el país?

¿Dónde se pierde el tiempo? S&P lo desglosa: 11,9 años entre descubrimiento y estudios, 1,5 años para la decisión de inversión y 2,3 años de construcción. Tres cuartas partes del plazo se van antes de poner la primera roca, y ahí es exactamente donde permisos, comunidades y financiamiento pesan más que la geología. La buena noticia es que esa etapa sí se puede comprimir. Pero no todo es crítico. Propongo cinco medidas y ninguna exige rebajar un solo estándar ambiental.

Primera medida: tratar el dato geocientífico como infraestructura pública. Australia y Canadá cubren su territorio con Aero geofísica, imágenes hiperespectrales y archivos abiertos de sondajes, y por eso captan US$1.860 y US$2.320 millones de exploración al año y tienen cientos de juniors activas donde Chile tiene 159 con presupuesto y solo ocho haciendo exploración básica. Un Inventario Nacional de Riqueza Mineral, región por región, acorta en años la generación de blancos. La Cámara Minera de Chile ha propuesto incansablemente hacer un plan de exploración geológica-país aprovechando las nuevas tecnologías Aero geoespaciales.

Segunda medida: permisos con reloj y en paralelo. La Ley 21.770 de Autorizaciones Sectoriales, con plazos de 25 a 120 días, silencio administrativo y ventanilla SUPER, promete recortar entre 30% y 70% los tiempos en Chile. En Perú, la Ventanilla Única Digital del MINEM y la meta del Senace de aprobar un EIA detallado en 150 días pueden bajar los permisos peruanos de siete a tres años, solo con decisiones administrativas. Falta que los reglamentos operen y que exista un cauce único para la judicialización posterior, que en Chile suma entre un año y medio y dos, después de obtenida la RCA.

Tercera medida: licencia social antes del EIA, no después. Quellaveco instaló su mesa de diálogo en 2011, obtuvo la aprobación en 2018 y produjo su primer concentrado en 2022, menos de cuatro años de construcción. Tía María fue descubierto en 1994 y, tras 33 años, todavía no produce. El costo del conflicto está medido: US$20 millones por semana en un proyecto de US$3.000 a 5.000 millones. Adelanto de canon, obras por impuestos y empleo local verificable desde el primer día de construcción cuestan menos que un año de paralización.

Cuarta medida: desarrollar por fases y elegir rutas simples. Kakula, en el Congo, pasó del descubrimiento al primer concentrado en cinco años arrancando con una fase de 3,8 millones de toneladas sobre el núcleo de alta ley. Marimaca, en Antofagasta, tramitó una DIA en once meses y construirá una planta de óxidos de US$587 millones en dos años. Vicuña, con US$18.000 millones totales, parte con una fase de US$7.000 millones y producción en 2030. Los estudios que llegan a la decisión de inversión con ingeniería madura FEL3 evitan los 4,3 años de atraso y el 65% de sobrecosto que Cesco midió en 80 proyectos chilenos.

Quinta medida: financiar la etapa de mayor riesgo. Canadá lleva décadas con las flow-through shares; Perú devuelve el IGV al que explora; Argentina, con el RIGI, aprobó Vicuña en cuatro meses y hoy San Juan supera a Chile y Perú en el ranking Fraser. Chile no tiene un solo instrumento diferenciador para exploración temprana. Un crédito fiscal a la exploración básica, una bolsa para juniors y garantías estatales son la siembra de la próxima década.

La tecnología ya hizo su parte: tomografía de ruido sísmico que ve a cuatro kilómetros en días, geofísica Typhoon bajo el caliche, sensores hiperespectrales como EnMAP y EMIT, e inteligencia artificial que integra todo en mapas de prospectividad, la misma que llevó a KoBold a poner la primera roca de Mingomba, tres años y medio después de adquirirlo. Un blanco bien elegido se confirma hoy en siete a doce meses. Lo que no se ha modernizado es el Estado y eso juega en contra.

Ahora es el momento. El cobre tocó US$13.387 la tonelada en enero de 2026 y un máximo de US$6,73 la libra en agosto. Chile cerró 2025 con un déficit de 2,8% del PIB y una deuda de 41,7%; cada millón de toneladas adicionales de cobre aporta unos US$3.300 millones al Fisco, un punto del PIB. Perú transfirió S/10.045 millones en canon y regalías, pero la minería ilegal mueve más de US$10.000 a 20.000 millones al año.

El boom de precios no sustituye la exploración ni la velocidad. Solo las hace más rentables. Si en los próximos cinco años bajamos la maduración de diecisiete a diez años, el cobre que hoy es un número en una cartera de proyectos será recaudación en 2032, no en 2040. La geología ya decidió hace millones de años. Falta que el Estado y nuestros legisladores decidan con buenas políticas públicas, no con leyes como el aumento de las patentes mineras, que resultó ser un cáncer para la pequeña minería que es la que descubre yacimientos.