Sigue escalando conflicto sindical en Capstone Copper: el futuro de Mantoverde bajo amenaza

• “En caso de que el bloqueo ilegal de la planta se mantenga, la compañía se verá obligada a evacuar el campamento y al 75% de los trabajadores que no participan de la huelga debido a la falta de agua, afectando gravemente la continuidad de la operación y vulnerando el derecho a trabajar de quienes no se encuentran movilizados”, señaló la empresa.

La compañía minera Capstone Copper enfrenta una crisis de alto impacto en la Región de Atacama, marcada por el conflicto sindical que ha culminado en el bloqueo de la planta desalinizadora de Mantoverde. Este hecho, ocurrido en el contexto de negociaciones laborales tensas, ha escalado hasta generar riesgos concretos para la continuidad de la operación, la seguridad de los trabajadores y la estabilidad económica local. La situación ha motivado la intervención de autoridades regionales y ha sido objeto de preocupación en diversos sectores vinculados a la minería y el empleo. Así lo deja en claro la empresa en un comunicado oficial que señala lo siguiente:

Tras 10 días del bloqueo de los accesos de la planta desalinizadora de Mantoverde por parte del Sindicato N°2, y 26 días de huelga, el ingreso de trabajadores a las instalaciones continúa completamente bloqueado.

La planta desalinizadora constituye una infraestructura crítica para la continuidad de la operación de Mantoverde y para el trabajo del 75% de la dotación total de la faena, incluyendo tanto a trabajadores propios como a empresas contratistas que no se encuentran en huelga y que permanecen en el campamento, ubicado a 40 kilómetros de la planta. Su funcionamiento es esencial para asegurar el suministro de agua requerido tanto para los procesos productivos como para las condiciones básicas de habitabilidad, salud y seguridad de las personas.

Durante la jornada del domingo, la dirigencia del Sindicato N°2 —Eduardo Clavería, Jaime Contreras, Pablo Machuca y Harry Torres— volvió a impedir el acceso a la planta, señalando que solo permitirán el ingreso de personas que ellos autoricen. Esta situación contradice los comunicados públicos del sindicato que señalan que existiría libre acceso a las instalaciones y que no habría una toma de la planta.

Con el fin de dejar constancia formal de los hechos, hasta el lugar concurrió la notaria María Carolina Vilches Guggiana, quien tampoco pudo acceder a las instalaciones y certificó la negativa del sindicato a permitir el ingreso.

RIESGOS GRAVES Y POTENCIALMENTE IRREPARABLES

La prolongada falta de control operativo de la planta desalinizadora no solo impide la producción, sino que además expone a las personas y a la infraestructura crítica a riesgos graves y potencialmente irreparables. La ausencia de un suministro de agua confiable compromete la capacidad de la compañía para responder eficazmente ante emergencias, en particular para la prevención y el combate de incendios, poniendo en riesgo tanto a las personas como a la infraestructura. Esta situación también amenaza la integridad de sistemas clave de la planta y podría derivar en fallas graves, con consecuencias de largo plazo para los activos, la continuidad operacional y el empleo asociado a la operación.

En caso de que el bloqueo ilegal de la planta se mantenga, la compañía se verá obligada a evacuar el campamento y al 75% de los trabajadores que no participan de la huelga debido a la falta de agua, afectando gravemente la continuidad de la operación y vulnerando el derecho a trabajar de quienes no se encuentran movilizados.

La compañía ha mantenido un contacto permanente con las autoridades y con los tribunales para recuperar el control de la planta desalinizadora y, tras agotar las instancias legales disponibles, se encuentra evaluando alternativas para restablecer la operación normal y permitir que los trabajadores que no se encuentran en huelga puedan regresar a sus labores en condiciones seguras.

Debido a la prolongación de la toma y al control que el sindicato mantiene sobre las instalaciones, la empresa reiteró que cualquier posibilidad de retomar el diálogo con la organización sindical se encuentra suspendida. Mantoverde ha establecido como condición para reanudar las conversaciones el cese de los actos de violencia y el levantamiento total del bloqueo de la planta desalinizadora.

LAS ACCIONES DEL SINDICATO EN LA PLANTA DESALINIZADORA

Los hechos se iniciaron la noche del domingo 18 de enero, cerca de las 23:00 horas, cuando un grupo de personas presuntamente vinculadas a la huelga ingresó de manera ilegal y violenta a la planta desalinizadora, mientras trabajadores de Mantoverde permanecían en su interior cumpliendo funciones en condiciones complejas.

Luego de haber permanecido encerrados por cerca de tres días. Durante las noches del viernes y sábado previas, las instalaciones fueron objeto de reiterados ataques con lanzamiento de piedras, y durante el sábado y domingo se impidió el ingreso de alimentos al recinto.

El acceso forzado a la planta se concretó tras reiterados intentos de vulnerar los controles de seguridad, incluyendo el uso de hondas para lanzar piedras, hostigamiento directo a trabajadores, destrucción de cámaras de seguridad (CCTV), quema de neumáticos en terrenos de la compañía y el bloqueo de accesos tanto para personal de Mantoverde como para Carabineros.”, denunció la empresa.

AMENAZAS DE MUERTE

“Una vez en el interior de la planta, se denunciaron amenazas de muerte directas contra los trabajadores presentes, así como la intervención del sistema eléctrico, lo que provocó la interrupción del suministro de agua hacia el campamento y los procesos productivos de la operación Mantoverde.

Actualmente, los accesos y puntos estratégicos del perímetro de la planta desalinizadora permanecen completamente bloqueados, incluso dentro de terrenos de propiedad de la compañía.

La toma de la planta desalinizadora ha incluido episodios críticos y de violencia. Entre ellos, destaca lo ocurrido el domingo, cuando miembros del sindicato obligaron a representantes de la prensa presentes en el lugar a eliminar registros fotográficos captados en terreno, constituyendo un hecho grave y atentatorio contra la libertad de prensa.

A estos hechos se suma la difusión, por parte del sindicato, de una imagen manipulada mediante inteligencia artificial que representaba falsamente a un equipo de seguridad portando armamento de guerra y acompañado de perros. La compañía descartó categóricamente esa información, ya que el equipo de seguridad de la mina no posee ni utiliza armamento alguno y cuenta exclusivamente con elementos de protección personal, en estricto cumplimiento de la normativa vigente.

Mantoverde reiteró su compromiso con el respeto de los derechos laborales y el diálogo dentro del marco de la ley, señalando que se mantiene disponible para retomar las conversaciones una vez que se restablezcan las condiciones de seguridad y se ponga término al bloqueo ilegal de los accesos a las instalaciones. No obstante, la empresa advirtió que será intransigente frente a hechos de violencia, amenazas de muerte y actos de sabotaje, y que adoptará todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las personas y la continuidad operacional».

GOBERNADOR DE ATACAMA ADVIERTE IMPACTO REGIONAL

En medio del conflicto laboral que afecta a la Mina Mantoverde y que se ha extendido por varias semanas tras no lograrse un acuerdo en el proceso de negociación colectiva entre la empresa y el Sindicato N°2, el gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, manifestó su preocupación por los efectos que esta paralización está generando en la economía regional y en la vida de cientos de familias de Atacama.

La máxima autoridad regional sostuvo que la minería continúa siendo uno de los principales pilares productivos de la región, por lo que situaciones de esta naturaleza no pueden analizarse únicamente desde la lógica de una controversia entre privados.

“Aquí hay un impacto territorial evidente. Cuando una faena de esta envergadura se paraliza por semanas, las consecuencias se sienten en los trabajadores, en los proveedores locales y en la estabilidad económica de la región”, afirmó el gobernador.

El conflicto, que ha escalado en un escenario de alta tensión durante las últimas semanas, ha generado preocupación en distintos sectores regionales debido a la prolongación de la paralización y a los efectos colaterales que esta situación podría seguir provocando si no se avanza prontamente hacia una solución. En ese contexto, el gobernador regional señaló que, desde el rol que le corresponde, existe disposición a colaborar en la generación de espacios de diálogo oportunos y eficientes que contribuyan a acercar posiciones y avanzar en la búsqueda de soluciones, siempre a través de las vías institucionales correspondientes y considerando el impacto que la prolongación de este conflicto puede generar en la región.

Asimismo, recalcó que, si bien el Gobierno Regional no tiene atribuciones directas en materias laborales ni de seguridad, sí tiene la responsabilidad de velar por el desarrollo armónico, sostenible y responsable del territorio. “Nuestro deber es advertir cuando una situación comienza a afectar el interés regional y llamar a que se actúe con responsabilidad y visión de futuro”, señaló. Finalmente, el gobernador regional hizo un llamado directo a las autoridades pertinentes a involucrarse activamente, aportando propuestas concretas que permitan avanzar en la resolución de este conflicto y evitar que la paralización continúe profundizando sus efectos negativos en la Región de Atacama.