En el Senado comenzó votación de ley marco de “Proyecto de Permisología”

• Durante el debate, los parlamentarios destacaron la necesidad de facilitar el desarrollo de proyectos de inversión sin descuidar el debido control de los órganos competentes.

Con la aprobación en general y particular de las normas respecto de las cuales no se solicitó votación separada, la Sala del Senado comenzó ayer jueves 12, el debate del proyecto que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales e introduce modificaciones a diversas leyes, todo con el fin de agilizar la entrega de permisos no ambientales a la inversión.

En concreto, el mensaje -conocido como “proyecto de permisología”-, busca optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales pertenecientes a 37 servicios y a 16 ministerios. La iniciativa apuesta por una simplificación y modernización de los procesos administrativos, sin comprometer los estándares regulatorios vigentes.

En la ocasión, los parlamentarios respaldaron con 39 votos a favor, el texto mientras que sancionaron cuatro solicitudes de votación separada respecto a conceptos que introduce la nueva legislación. En una próxima sesión, deberían terminar de revisar otra treintena de votaciones separadas. Concluido aquello, la propuesta pasará a su tercer trámite a la Cámara Baja.

Durante la discusión, la Sala analizó los efectos de la inversión en la economía, en particular si los tiempos de aprobación de permisos sectoriales inciden en la ejecución de diversos proyectos. Así se expresaron diversas opiniones respecto a “las herramientas que se generan para destrabar el sistema burocrático que hoy está instalado”. Por lo anterior se planteó “la necesidad de establecer un justo equilibrio que asegure, por un lado, el control de los procesos, y por el otro, el desarrollo de la inversión”.

 PROYECTO DE PERMISOLOGÍA

 El proyecto -que fue revisado por las comisiones de Economía y Hacienda- tiene por objeto proporcionar un marco general que vele por el cumplimiento, estandarice y coordine las formas establecidas para la válida actuación de los órganos de la Administración del Estado con competencia para habilitar proyectos o actividades sometidas a limitaciones regulatorias, y otorgar mayor certeza a titulares y personas que desarrollen dichas actividades, así como a la ciudadanía en general.

Asimismo, promueve el desarrollo de la productividad, crecimiento e inversión a través de la creación de mecanismos para la modernización de las autorizaciones y para el progresivo tránsito hacia una regulación estandarizada y simplificada para la habilitación de proyectos o actividades que resguarden adecuadamente los derechos de las personas solicitantes por medio de normas que definan el proceder de los órganos de la Administración del Estado para su actuación válida y pronta, la que tendrá en consideración los riesgos asociados, dará mayor certeza jurídica y aumentará la transparencia de los procedimientos.

 EL DEBATE EN SALA

En la sesión, el presidente de la Comisión de Economía, el senador Rojo Edwards aseguró que “llegamos a acuerdo en prácticamente todos los artículos. Acá se modifican 47 cuerpos legales y los acuerdos implican importantes cambios. Se busca dar más certeza a los titulares que desarrollan actividades, es decir, promover el interés público y particular en equilibrio, dada la alta dispersión normativa actual”.

En tanto, la titular de la Comisión de Hacienda, la senadora Ximena Rincón explicó que “la norma pretende ordenar y coordinar los más de dos mil permisos sectoriales que se entregan hoy. Entre las materias abordadas estuvo la reducción de plazos, la interacción con el sistema de evaluación de impacto ambiental, las declaraciones juradas como técnicas habilitantes, el incentivo al cumplimiento de plazos y la digitalización de los expedientes”.

Durante el debate intervinieron los senadores Pedro Araya, Matías Walker, Carlos Kuschel, Alejandro Kusanovic, Jaime Quintana, Juan Ignacio Latorre, José Miguel Insulza, Juan Antonio Coloma, Alfonso De Urresti, Rojo Edwards, Rodrigo Galilea, Javier Macaya, Yasna Provoste, Gustavo Sanhueza, Claudia Pascual, Felipe Kast, David Sandoval, Kenneth Pugh, Iván Flores y Rafael Prohens.

Los legislares coincidieron –mayoritariamente- en que el desaceleramiento del crecimiento económico de los últimos años, responde a la disminución de la inversión interna dado los extensos tiempos de tramitación de los permisos. Así se hizo ver que es necesario racionalizar la regulación que enfrentan los empresarios y emprendedores nacionales y extranjeros.

INICIATIVA QUE “HARÍA CRECER LA ECONOMÍA”

A la hora de aterrizar la norma, los senadores graficaron cómo se acortarían -entre un 30 y un 70%- los tiempos para hacer operativo un proyecto minero, una planta de tratamiento de residuos, una desaladora o un hospital recordando que hoy hay 387 permisos que deben tramitarse en 37 organismos distintos. Dado este diagnóstico, la mayor parte de la Sala felicitó al Ejecutivo por impulsar una iniciativa como ésta que “haría crecer la economía”.

Considerando los problemas presentes, algunos legisladores apuntaron a la falta de objetividad o proactividad de algunos funcionarios y el excesivo centralismo que afecta a las regiones más extremas que son en las que la baja de la inversión más se hace más notar.

“Una cosa es acortar los tiempos, disminuir a la burocracia en apoyo a las pymes, y otra es hablar de permisología como si se tratara de un estándar regulatorio que hay que despreciar y retroceder”, se hizo ver asegurándose que “no se trata de no tener permisos, sino de tener los adecuados con plazos razonables, y éstos se respeten”, también apuntaron.

Desde una mirada crítica los parlamentarios plantearon que “la norma generará una desregulación sistémica que a mediano y largo plazo tendrá efectos negativos en lo medioambiental, sanitario y territorial. Por ejemplo, la omisión del Estado nunca debe significar una autorización”. También se advirtió que ciertos cambios que buscan simplificar plazos podrían enfrentar problemas operacionales por falta de personal.

“No podemos permitir que se debilite la evaluación técnica de las entidades públicas. Me preocupa que la disminución de plazos y tiempos de respuesta no traiga aparejado un aumento de la dotación. Cuando se atribuye el estancamiento de la economía al problema de los permisos es tener una mirada parcial porque nada se dice respecto a la formación técnica o la inversión del Estado”, se argumentó.

 VOTACIONES SEPARADAS Y CONCEPTOS APROBADOS

Los senadores Yasna Provoste y Alfonso De Urresti solicitaron votación separada de una serie de definiciones, las que fueron rechazadas. Por tanto, quedaron por aprobados los siguientes conceptos. Así se entenderá por:

• Aviso: a la técnica habilitante alternativa correspondiente al acto mediante el cual la persona titular informa al órgano sectorial competente la construcción, instalación, habilitación, funcionamiento, desarrollo, suspensión, cierre o cese de un proyecto o actividad regulada, y que, por sus características, corresponde a aquellos que no requieren ser sometidos a autorización.
• Declaración jurada: a la técnica habilitante alternativa correspondiente al documento suscrito por quien es titular de un proyecto o actividad, en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos y condiciones impuestos por la normativa sectorial vigente para proceder a su construcción, instalación, habilitación, funcionamiento, desarrollo, suspensión, cierre o cese, y que, por sus características, corresponde a aquellos que no requieren ser sometidos a autorización.
• Iniciativa de inversión estratégica: a la iniciativa de inversión calificada como estratégica a solicitud del titular, de conformidad con lo dispuesto en el Párrafo 1° del Título VIII de la presente ley.
• Técnicas Habilitantes Alternativas: instrumentos que habilitan el desarrollo de un proyecto o la ejecución de una actividad sin exigir la dictación de un acto administrativo favorable previo. Son técnicas habilitantes alternativas el aviso y la declaración jurada establecidos en el Título II.