Agilizar la gestión administrativa para destrabar la inversión sin sacrificar el medio ambiente

• Por Felipe Martin Cuadrado, director ejecutivo de MAS Recursos Naturales. //

La tramitación de proyectos de inversión en Chile atraviesa un momento crítico: la excesiva burocracia se ha convertido en uno de los principales frenos para el crecimiento económico. De cara al 2026, esperamos que comience una modernización de la gestión administrativa que permita distinguir entre una protección ambiental efectiva y las trabas que paralizan las iniciativas estratégicas.

El actual sistema administrativo ha generado incertidumbre jurídica, incentivando la judicialización y congelando proyectos clave para el desarrollo del país. El diagnóstico es claro: décadas de superposición normativa han derivado en cientos de trámites dispersos que, lejos de garantizar mayor protección, dilatan decisiones económicas vitales para Chile.

Actualmente, existen inversiones detenidas por entre US$ 7.000 y US$ 10.000 millones, muchas de ellas con resoluciones ambientales aprobadas, pero atrapadas en la burocracia o en comités políticos.

El desafío no es eliminar la regulación ambiental, sino acelerar los procesos. La sostenibilidad requiere certezas, no relajar los estándares. Se trata de contar con una gestión administrativa predecible, eficiente y técnicamente sólida.

CLAVE PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO

Destrabar estos proyectos —que abarcan desde infraestructura hospitalaria hasta iniciativas mineras y energéticas— es clave para dinamizar la economía y el empleo. Sin embargo, esto debe hacerse garantizando el cumplimiento normativo y la pertinencia ambiental desde el diseño, evitando que la ausencia de plazos claros o la burocracia innecesaria detengan el desarrollo.

Entre los principales cuellos de botella identificados se encuentran la Ley Lafkenche y el Consejo de Monumentos Nacionales, cuyos procedimientos han sido señalados como ejemplos de cómo la gestión administrativa puede bloquear decisiones sin aportar una protección ambiental efectiva.

También, preocupa la lentitud en la tramitación de sectores estratégicos como el hidrógeno verde y la desalinización, donde la falta de claridad administrativa amenaza la competitividad de Chile frente a otros mercados.

Respecto a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), valoramos avances como la ventanilla única y los plazos máximos, pero hay que tener presente que, la ley es el vehículo, pero la gestión y la capacidad operativa son el motor.

Sin una implementación rigurosa, dotación técnica adecuada y coordinación interinstitucional, la normativa corre el riesgo de quedar en letra muerta.

Por todo lo expuesto, a partir de 2026, el enfoque debe estar en reducir las trabas burocráticas que dificultan innecesariamente la inversión. Agilizar no significa sacrificar el medio ambiente ni la relación con las comunidades; significa dar certeza para que proyectos que mejoran la calidad de vida y generan empleo puedan concretarse.