¡Urgente! Hay que reglamentar ya, el artículo 15 de la Ley 17.288

• Por Gastón Fernández Montero, Abogado especialista en Derecho Minero y Ex Consejero del Consejo de Monumentos Nacionales Representante de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. //

La protección del patrimonio no puede depender del azar ni de interpretaciones administrativas improvisadas. La redacción ambigua del artículo 15 de la Ley Nº 17.288 ha dejado un vacío operativo que permite decisiones arbitrarias y paraliza obras, inversiones y actividades comunitarias. Como abogado y ex consejero del Consejo de Monumentos Nacionales en representación de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, exijo que el Ministerio de las Culturas ejerza sin más demora su facultad reglamentaria para dotar a la norma de criterios técnicos, procedimientos y plazos claros.

Un problema de seguridad jurídica y de conservación

La ley consagra la protección de “piezas u objetos antropo arqueológicos y paleontológicos”, pero no define con precisión los criterios para identificar qué constituye una pieza protegida ni los procedimientos para su manejo. Esa vaguedad tiene consecuencias prácticas: obras detenidas por hallazgos de dudoso valor, dictámenes centralizados y demorados, y la posibilidad real de que objetos cotidianos —desde una tapa de refresco hasta fragmentos modernos sin contexto— sean tratados como hallazgos protegidos. Al mismo tiempo, la falta de protocolos puede dejar sin protección a materiales de verdadero interés científico por la ausencia de mecanismos ágiles de intervención.

Principios que debe guiar la reglamentación:

La reglamentación del artículo 15 debe inspirarse en tres principios básicos:

• Certeza jurídica: reglas claras que permitan a administraciones, empresas y particulares conocer de antemano sus obligaciones y derechos.
• Proporcionalidad: medidas técnicas y administrativas acordes al valor científico o patrimonial del hallazgo.
• Eficiencia técnica: procedimientos que permitan una respuesta rápida y técnicamente fundada, evitando daños irreversibles por demoras.

Contenido mínimo del reglamento urgente

Para transformar la protección en una herramienta operativa y justa, el reglamento debe incorporar, como mínimo, los siguientes elementos:

• Definiciones técnicas precisas que distingan hallazgo casual, objeto aislado sin contexto, contexto arqueológico y fósil de interés científico.
• Protocolos de notificación y evaluación preliminar: notificación inmediata con fotografía y coordenadas; evaluación preliminar por equipo acreditado en plazos breves.
• Plazos máximos para dictámenes técnicos y resoluciones administrativas, con etapas intermedias que permitan la continuidad de obras cuando el hallazgo no presente valor científico evidente.
• Acreditación y descentralización: registro de profesionales y equipos técnicos acreditados a nivel regional para evitar la centralización en la capital y reducir tiempos de respuesta.
• Registro público y digital de hallazgos, dictámenes y decisiones administrativas para garantizar transparencia y trazabilidad.
• Medidas de mitigación y custodia temporal que permitan proteger el contexto sin paralizar indefinidamente proyectos.
• Sanciones y responsabilidades para actuaciones negligentes, ocultamiento de información o dictámenes temerarios.
• Procedimiento operativo propuesto
• Notificación inmediata del hallazgo por quien lo detecte, con fotografía y coordenadas.
• Evaluación preliminar por equipo acreditado en un plazo no mayor a 72 horas para determinar si procede una intervención urgente.
• Determinación provisional que permita continuar obras con medidas de mitigación cuando no exista valor científico evidente.
• Dictamen final técnico en un plazo máximo de 30 días hábiles, con posibilidad de prórroga motivada y excepcional.
• Registro y publicación del dictamen y de las medidas adoptadas en un portal público.

Por qué no es una reducción de la protección

Reglamentar no significa debilitar la protección del patrimonio; al contrario, significa hacerla efectiva. Sin reglas operativas, la protección se convierte en una herramienta de bloqueo o en un absurdo administrativo donde una tapa de refresco paraliza una obra y un fósil real queda sin protección por falta de criterios. Un reglamento técnico y transparente protege mejor el patrimonio y reduce los conflictos.

Llamado al Ministerio de las Culturas

El Ministerio de las Culturas tiene la facultad reglamentaria y la responsabilidad institucional. Le corresponde actuar con urgencia: publicar un proyecto de reglamento, abrir una consulta pública acotada para incorporar observaciones técnicas y sociales, y promulgar normas que entren en vigencia con medidas de implementación regional. El tiempo apremia; cada día sin reglamento es una invitación a la arbitrariedad y al daño irreversible.

Conclusión

Chile necesita reglas claras, técnicas y aplicables que permitan proteger su patrimonio sin paralizar su desarrollo. Reglamentar el artículo 15 de la Ley 17.288 es una tarea urgente de Estado: no se trata de elegir entre conservación y progreso, sino de garantizar ambos mediante procedimientos justos, técnicos y eficientes. ¡Hay que actuar ya; hay que chicotear los caracoles!.