Proyecto de actualización de patentes mineras: un aporte, un llamado de atención y un punto ciego

• Por Emilio Castillo, académico del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile. //

El Gobierno ingresó un proyecto de ley a la Cámara en materia de patentes mineras. El proyecto tiene elementos positivos, pero con una nota de cautela y una omisión relevante.

El aporte: La ampliación de las vías de acceso a la patente rebajada, reconociendo actividades a lo largo de todo el ciclo minero es, sin duda, un aporte. La reforma de 2022 introdujo una distinción correcta en su espíritu, quien hace minería paga menos, pero requería afinar la concepción sobre “actividad minera”. El proyecto reemplaza esa calificación, ampliando y simplificando la posibilidad de optar por rebajas para aquellos con permisos admitidos a trámite, proyectos en el SEIA y con entrega de información geológica. De esta manera, la concesión apunta a la actividad minera en sus distintas etapas.

El llamado de atención: Un punto de cautela se asocia a la eliminación de la patente progresiva, que el proyecto sustituye por un valor plano de 0,4 UTM por hectárea. Este beneficio directo para los titulares que no realizan actividad minera, atenta contra el fin último de la concesión. Las cifras de Sernageomin muestran que el mecanismo para optar a rebaja venía funcionando, pues las tasas de morosidad se redujeron, apuntando a un aprendizaje de los titulares. Si el objetivo es que se haga minería, el sistema necesita incentivo y disuasión: una rebaja accesible para quien desarrolla actividad y un costo creciente para quien mantiene propiedad ociosa. Eliminando este costo incremental, retener territorio sin actividad tiene un costo fijo y acotado a perpetuidad, reabriendo espacio al acaparamiento.

El punto ciego: El proyecto no se hace cargo de uno de los principales cuellos de botella del sistema, que el propio mensaje documenta, que son los aumentos de los remates. Estos debiesen permitir que la propiedad en desuso recircule hacia quien sí quiera trabajarla, sin embargo, el remate judicial es lento, opaco y de difícil acceso para nuevos entrantes. Los remates son, además, síntoma de un problema mayor: Chile no cuenta con un registro unificado de la propiedad minera, dispersa entre Conservadores de Minas, Poder Judicial, Sernageomin y Tesorería, con las ineficiencias que ello genera. El fortalecimiento de Sernageomin excede el alcance de este proyecto (y de esta columna), pero la modernización de los remates y un catastro unificado están en el corazón del problema que el proyecto busca abordar.

El proceso legislativo será en sí un espacio para que estos elementos puedan discutirse con una mirada de largo plazo en la búsqueda de más y mejor actividad minera.