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Reflexiones desde la Práctica Minera sobre la Gestión de Sernageomin y Enami

  • Por Gastón Fernández Montero, Abogado especialista en Derecho Minero. //

Gastón Fernández Montero, Abogado especialista en Derecho Minero

La minería es un pilar fundamental para la economía chilena, especialmente en regiones como Atacama, donde la actividad minera no solo impulsa el desarrollo económico, sino que también sostiene a numerosas comunidades. Sin embargo, la gestión pública en entidades clave como Sernageomin y Enami ha mostrado serios déficits que afectan directamente la operatividad y competitividad del sector.

Sernageomin, cuya función principal es fiscalizar y regular la actividad minera, ha incurrido en una burocracia excesiva que, lejos de facilitar, entorpece la actividad minera. Los trámites lentos y la falta de agilidad en la entrega de permisos generan un impacto negativo en la eficiencia del sector, afectando especialmente a los pequeños y medianos mineros que no cuentan con los recursos para enfrentar largos procesos administrativos.

Por otro lado, Enami, encargada de la compra y procesamiento de minerales, enfrenta críticas por la fijación de tarifas de compra que no reflejan el valor real de los metales, particularmente en el caso de la plata. Esta situación ha provocado una paralización en la minería de plata en Atacama, con consecuencias económicas y sociales graves para la región.

Desde la perspectiva legal, es imperativo que se implementen reformas profundas que garanticen transparencia, eficiencia y equidad en la gestión de estas entidades. La modernización de infraestructuras, la revisión de políticas tarifarias y la simplificación de procesos administrativos son pasos necesarios para reactivar la minería y proteger los derechos e intereses de los pequeños y medianos mineros.

En conclusión, la administración pública en el sector minero debe orientarse hacia un modelo que facilite la actividad productiva, promueva la justicia económica y contribuya al desarrollo sostenible de las regiones mineras. Como abogado y observador crítico, insto a las autoridades a tomar medidas concretas que respondan a estas necesidades urgentes.

 

 

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