Royalty Minero en Chile: De Impuesto a Compensación Histórica

• Por Gastón Fernández Montero, historiador, abogado y académico de la Universidad de Chile.

La historia de la minería en Chile está marcada por una constante tensión entre la riqueza generada por la extracción de recursos y el bienestar de las comunidades en donde esta actividad se desarrolla. Desde la época colonial, cuando la Corona Española exigía el famoso “quinto real” (el 20% de lo extraído), hasta las actuales discusiones sobre el royalty minero, el país ha buscado fórmulas para equilibrar desarrollo económico y justicia social. Hoy, el royalty no es solo un impuesto: es un mecanismo de compensación histórica que busca reparar décadas de desequilibrio territorial y devolver parte de la riqueza minera a quienes viven en los territorios donde se produce.

Durante años, el royalty minero fue entendido como un impuesto aplicado a las grandes empresas mineras por el uso de un recurso natural no renovable. Sin embargo, el debate ha evolucionado y el concepto ha cambiado radicalmente: ahora se considera una compensación histórica. Esto significa que el Estado reconoce que las comunas mineras han cargado con los costos sociales y ambientales de la actividad, mientras veían pasar la riqueza hacia el centro del país o al extranjero. Por eso, el royalty se transforma en una política de justicia territorial, destinada a retribuir y reparar a las comunidades que han sido históricamente postergadas.

Recursos del Royalty y comunidades

La nueva legislación sobre royalty minero en Chile ha dado vida a dos fondos clave: el Fondo de Comunas Mineras (FCMI) y el Fondo de Equidad Territorial (FET).

El FCMI está dirigido exclusivamente a las comunas donde se desarrolla la minería, asegurando que reciban una porción significativa de los recursos generados por la actividad extractiva. Por otro lado, el FET busca equilibrar la distribución en todo el país, beneficiando a comunas con menores ingresos y reduciendo las desigualdades históricas entre territorios.

Ambos fondos funcionan como herramientas concretas para que los recursos del royalty lleguen directamente a las comunidades, en vez de perderse en la burocracia centralista. Así, los municipios pueden planificar y ejecutar proyectos que respondan a sus necesidades reales, desde infraestructura básica hasta iniciativas culturales y ambientales.

Transformaciones en comunas mineras: ejemplos concretos

El impacto del royalty minero ya se empieza a notar en diversas comunas del país. Por ejemplo, en Chañaral, una de las zonas más golpeadas por la contaminación minera, los recursos del FCMI han sido destinados a la recuperación de espacios públicos y el mejoramiento de la infraestructura escolar. En Rancagua, capital histórica de la minería del cobre, el municipio ha invertido en proyectos de salud y en la creación de centros comunitarios que fomentan la inclusión y el desarrollo local.

En Andacollo, los fondos han permitido impulsar programas de capacitación para jóvenes y el fortalecimiento del turismo patrimonial, diversificando la economía local y ofreciendo nuevas oportunidades a sus habitantes. Estos ejemplos son solo una muestra del potencial transformador del royalty minero cuando los recursos llegan directamente a quienes más los necesitan.

Libre disposición de recursos y descentralización

Uno de los aspectos más innovadores de la nueva ley es la autonomía municipal en el uso de los recursos provenientes del royalty. A diferencia de otros fondos estatales, que suelen estar sujetos a estrictas reglas de asignación, el FCMI y el FET otorgan libertad a los municipios para decidir en qué invertir, según las prioridades de cada territorio. Esto fortalece la descentralización y promueve una gestión más cercana, participativa y eficiente.

La autonomía municipal permite que las comunas mineras puedan responder rápidamente a sus desafíos, aprovechar oportunidades locales y construir un desarrollo más equitativo, con sentido de pertenencia y justicia.

El royalty como política de justicia territorial y reparación histórica

El cambio conceptual del royalty minero, de impuesto a compensación, representa un avance en la construcción de una política de justicia territorial. No se trata solo de transferir dinero, sino de reconocer el valor de las comunidades que han sostenido la minería por generaciones, muchas veces a costa de su medio ambiente, salud y calidad de vida.

La creación de los fondos y la autonomía municipal son pasos concretos hacia la reparación histórica y la redistribución de la riqueza. El royalty minero se convierte así en un instrumento para saldar deudas pendientes y construir un país más justo y descentralizado.

Hacia un nuevo pacto territorial y liderazgo en equidad

Por esto, el royalty minero es mucho más que una cifra en el presupuesto nacional. Es una herramienta de transformación social, que abre la puerta a un nuevo pacto territorial entre el Estado y las comunidades mineras. Al reconocer su aporte y entregarles autonomía y recursos, Chile avanza hacia un modelo de desarrollo más equitativo, donde la riqueza minera se convierte en oportunidad y reparación para quienes han sido históricamente postergados.

El desafío ahora es consolidar este proceso, fortalecer la participación ciudadana y asegurar que el royalty no solo repare, sino que impulse el liderazgo de las comunas mineras en un país que apuesta por la equidad y la justicia territorial.