Agua de mar y seguridad hídrica: la trascendencia de la Ley 21.813

• Por Gastón Fernández Montero, Abogado y especialista en Derecho Minero. //

La reciente promulgación de la Ley 21.813 sobre uso de agua de mar para desalinización constituye un hito en la política hídrica chilena. En un país marcado por la escasez de agua y la presión creciente sobre los recursos naturales, esta norma abre un camino regulado y sostenible para transformar el océano en una fuente estratégica de abastecimiento.

Un marco jurídico innovador

Hasta ahora, la desalinización se desarrollaba en Chile de manera fragmentada, con proyectos aislados y sin una regulación integral. La Ley 21.813 cambia ese escenario al establecer:

• Concesiones marítimas especiales de hasta 30 años, renovables una sola vez, para proyectos de desalación.
• Prioridad del consumo humano, facultando a la Dirección General de Aguas (DGA) para exigir que parte de la producción se destine a comunidades en zonas críticas.
• Fiscalización robusta, con sanciones que incluyen multas millonarias y la caducidad de concesiones en caso de infracciones gravísimas.
• Protección ambiental, regulando la descarga de salmueras y restringiendo operaciones en áreas ecológicamente sensibles
• Seguridad hídrica y desarrollo sostenible

La trascendencia de esta ley se mide en varios planos:

• Social: garantiza que el agua desalinizada pueda ser destinada al consumo humano, reforzando el carácter público del recurso.
• Económico: abre oportunidades para la inversión privada y estatal en infraestructura hídrica, con reglas claras y previsibilidad jurídica.
• Ambiental: obliga a compatibilizar la innovación tecnológica con la protección de ecosistemas marinos.
• Estratégico: crea la Estrategia Nacional de Desalinización, que deberá actualizarse cada seis años, integrando criterios territoriales y climáticos.

Chile como referente regional

La Ley 21.813 posiciona a Chile como pionero en América Latina en materia de gobernanza hídrica. Al reconocer el agua de mar como un recurso de interés público y regular su transformación en agua potable, el país da un paso decisivo hacia la seguridad hídrica en tiempos de cambio climático.

Reflexión final

Como abogado y académico en derecho minero, considero que esta ley representa un equilibrio entre inversión, interés público y sostenibilidad. No se trata solo de habilitar nuevas fuentes de agua, sino de hacerlo bajo un marco que prioriza a las personas y protege el medio ambiente. La desalinización deja de ser una alternativa marginal y se convierte en una política de Estado, con proyección social y estratégica para las próximas décadas.