Chile y Argentina reactivan en Buenos Aires la Comisión Minera Binacional y dan nuevo impulso al tratado de integración

• La cita reunió a autoridades de ambos países en el marco de la primera sesión de esta nueva etapa de trabajo binacional. Por Chile participaron el subsecretario de Minería, Álvaro González Gorroño, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres Espinoza, mientras que por Argentina estuvo presente el secretario de Minería, Luis Lucero.

Chile y Argentina concretaron formalmente la reactivación de la Comisión Administradora del Tratado de Integración y Complementación Minera, en una reunión realizada este martes 7 de julio, en la capital argentina, la que marca el retorno de uno de los principales mecanismos institucionales para destrabar, coordinar y acelerar proyectos mineros transfronterizos en la cordillera de Los Andes.

La cita reunió a autoridades de ambos países en el marco de la primera sesión de esta nueva etapa de trabajo binacional. Por Chile participaron el subsecretario de Minería, Álvaro González Gorroño, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres Espinoza, mientras que por Argentina estuvo presente el secretario de Minería, Luis Lucero. El encuentro permitió retomar la agenda operativa del tratado firmado originalmente en 1997, concebido para facilitar el desarrollo de iniciativas mineras ubicadas en zonas fronterizas mediante reglas coordinadas en materias aduaneras, tributarias, laborales, logísticas, regulatorias y de infraestructura.

La reactivación ocurre en un momento de creciente interés por los minerales críticos para la transición energética y tecnológica, especialmente cobre, litio, oro y otros insumos estratégicos que concentran una parte relevante de su potencial en la alta cordillera. Para ambos gobiernos, el tratado representa una herramienta destinada a convertir la frontera común en un espacio de cooperación productiva, con proyectos capaces de integrar recursos argentinos, experiencia minera chilena, infraestructura portuaria del Pacífico y cadenas logísticas compartidas.

UNA REUNIÓN CON FOCO EN PROYECTOS DE ALTO IMPACTO

Durante la jornada, las delegaciones abordaron los principales desafíos para hacer operativa la integración minera en zonas de frontera. Entre los temas centrales estuvieron la necesidad de agilizar procedimientos administrativos, facilitar el tránsito de bienes, servicios, trabajadores y equipamiento, coordinar el uso de infraestructura compartida y dar mayor certeza a los inversionistas privados interesados en desarrollar iniciativas de gran escala bajo el marco del tratado binacional.

El objetivo político y económico es claro: transformar el mecanismo institucional en una vía concreta para destrabar proyectos fronterizos que requieren coordinación simultánea entre ambos Estados. En esa línea, la comisión aparece como una instancia clave para revisar protocolos específicos, resolver cuellos de botella regulatorios y avanzar en condiciones comunes para iniciativas que, por su ubicación geográfica, no pueden desarrollarse plenamente bajo una lógica estrictamente nacional.

Uno de los puntos más relevantes de la reunión fue la mirada estratégica sobre la infraestructura chilena como plataforma de salida hacia los mercados globales. La extensa red de puertos, servicios especializados, proveedores mineros y capacidades logísticas de Chile aparece como un complemento natural para el desarrollo de proyectos ubicados en territorio argentino, especialmente en provincias cordilleranas como San Juan, donde se concentra un creciente interés por iniciativas de cobre y oro.

EL TRATADO DE 1997 VUELVE AL CENTRO DE LA AGENDA MINERA

El Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina fue suscrito en 1997 y es considerado uno de los instrumentos más avanzados de integración productiva minera en América Latina. Su diseño permite establecer condiciones especiales para proyectos ubicados en zonas fronterizas, mediante Protocolos Adicionales Específicos que definen reglas particulares para cada iniciativa.

Estos protocolos pueden regular materias como aduanas, tributación, permisos, infraestructura, circulación de personal, transporte de insumos y coordinación operativa. En la práctica, el instrumento busca entregar un marco jurídico que permita que proyectos ubicados a ambos lados de la cordillera funcionen con mayor fluidez, evitando que la frontera se transforme en una barrera administrativa para inversiones de gran escala.

La comisión administradora cumple un rol central en ese esquema. Es la instancia encargada de revisar la implementación del tratado, analizar los proyectos sometidos a su régimen, coordinar a los organismos públicos involucrados y proponer soluciones cuando surgen obstáculos institucionales. Su reactivación, por tanto, no solo tiene un valor simbólico, sino también práctico para empresas, proveedores, gobiernos regionales y comunidades vinculadas a la actividad minera de frontera.

ANTECEDENTES: EL ACUERDO SELLADO EN SAN JUAN

El retorno de las sesiones había sido acordado en mayo de 2026, durante la Expo Internacional San Juan Minera, donde el subsecretario de Minería de Chile, Álvaro González, sostuvo una reunión con el secretario de Minería de Argentina, Luis Lucero. En esa oportunidad, ambas autoridades definieron retomar el trabajo de la Comisión Administradora el 7 de julio en Buenos Aires, como parte de una agenda orientada a fortalecer la cooperación estratégica en minería.

Ese anuncio fue interpretado como una señal de continuidad del reimpulso dado al tratado durante Cesco Week 2026, cuando Chile ratificó a Rodrigo Urquiza, encargado de Asuntos Internacionales de Cochilco, como secretario ejecutivo de la comisión por el lado chileno. Con ello, el Gobierno buscó recomponer una institucionalidad que había permanecido con bajo dinamismo pese al aumento del interés por proyectos cordilleranos y por el desarrollo de nuevos distritos cupríferos.

En San Juan, González destacó que Chile puede aportar experiencia, infraestructura y capacidades logísticas para favorecer inversiones mineras en la zona cordillerana. La idea fue retomada ahora en Buenos Aires, donde la integración dejó de ser solo una declaración de intenciones para convertirse nuevamente en una agenda institucional activa.

CLAVES DE LA REACTIVACIÓN

• Impulso a la inversión privada: la comisión busca acelerar el análisis de proyectos binacionales y entregar mayor certeza a iniciativas que requieren coordinación entre ambos países.
• Coordinación regulatoria: el tratado permite abordar materias aduaneras, tributarias, laborales, de permisos e infraestructura mediante protocolos específicos por proyecto.
• Uso de infraestructura compartida: Chile aparece como plataforma logística relevante para la salida de minerales argentinos hacia mercados internacionales, especialmente a través de puertos del Pacífico.
• Minerales críticos: ambos gobiernos ven una oportunidad estratégica para abastecer la demanda global de insumos clave para la transición energética, la electromovilidad y nuevas tecnologías.
• Foco territorial: provincias argentinas como San Juan y zonas mineras del norte y centro de Chile concentran parte importante del potencial de integración cordillerana.

SAN JUAN Y EL DISTRITO VICUÑA, EN LA MIRA

La provincia argentina de San Juan se ha consolidado como uno de los territorios más observados por la industria minera regional. Su potencial en cobre y oro, junto con la cercanía a pasos cordilleranos y corredores logísticos hacia Chile, la ubica como un punto estratégico para la aplicación del tratado. En ese contexto, el interés por proyectos vinculados al distrito Vicuña y otras iniciativas cordilleranas refuerza la necesidad de contar con reglas claras para la circulación de bienes, servicios y personal entre ambos países.

La integración no solo involucra a los grandes operadores mineros. También abre oportunidades y desafíos para proveedores locales, empresas de transporte, servicios especializados, comunidades cercanas a las zonas de influencia y gobiernos subnacionales que buscan participar en la cadena de valor. Para que el tratado cumpla su objetivo, la coordinación deberá traducirse en reglas operativas claras, tiempos administrativos previsibles y mecanismos de seguimiento permanente.

UNA OPORTUNIDAD ECONÓMICA CON DESAFÍOS INSTITUCIONALES Y AMBIENTALES

El nuevo impulso al tratado se produce en un escenario de alta demanda internacional por minerales esenciales para la transición energética. El cobre, en particular, se ha convertido en un recurso estratégico para redes eléctricas, energías renovables, electromovilidad y digitalización. En ese marco, Chile y Argentina buscan posicionarse como actores relevantes en el abastecimiento global, combinando reservas, infraestructura y experiencia técnica.

Sin embargo, la reactivación también abre preguntas sobre los estándares ambientales, la protección de glaciares y ecosistemas altoandinos, el uso del agua, la fiscalización transfronteriza y la participación de comunidades. Organizaciones ambientales han advertido que el tratado, concebido a fines de los años noventa, debe dialogar con una realidad territorial marcada por el cambio climático, el retroceso de masas de hielo y mayores exigencias regulatorias. Por ello, el desafío para ambos gobiernos será compatibilizar integración productiva, certeza jurídica, resguardo ambiental y legitimidad social.

UN NUEVO CAPÍTULO PARA LA MINERÍA CORDILLERANA

La reunión de Buenos Aires marca el inicio de una nueva etapa para la cooperación minera chileno-argentina. Después de años de bajo movimiento institucional, la Comisión Administradora vuelve a funcionar en un contexto en que la minería de frontera adquiere mayor valor estratégico por la demanda de minerales críticos, la necesidad de infraestructura eficiente y la competencia global por atraer inversiones de largo plazo.

El éxito del proceso dependerá de la capacidad de ambos países para transformar la voluntad política en decisiones operativas: actualizar protocolos, resolver trabas administrativas, coordinar servicios públicos, dar certezas a los inversionistas y mantener estándares ambientales robustos. Si esa coordinación avanza, el tratado podría convertirse nuevamente en una herramienta decisiva para viabilizar proyectos mineros de gran escala en la cordillera y consolidar una agenda de integración económica entre Chile y Argentina.