- Por Gastón Fernández Montero, empresario minero y abogado especialista en Derecho Minero. //

La Empresa Nacional de Minería (ENAMI) ha sido, desde su creación, un actor clave en el desarrollo de la pequeña y mediana minería chilena. Sin embargo, su rol no se ha limitado únicamente a la asistencia técnica y financiera: también ha sabido diseñar fórmulas inteligentes de participación en proyectos de gran envergadura, asegurando presencia estatal sin comprometer recursos fiscales adicionales.
Un ejemplo paradigmático de este aporte minero estatal inteligente se dio en la constitución de las sociedades Quebrada Blanca y Carmen de Andacollo. En ambas, ENAMI no solo aportó las pertenencias mineras, sino que se reservó un 10% del capital bajo la figura de acciones privilegiadas, además de dos asientos en el directorio.
Estas acciones privilegiadas tenían una característica fundamental: liberaban a ENAMI de cualquier obligación de realizar nuevos aportes de capital en caso de ampliaciones o llamados de financiamiento. En otras palabras, el Estado aseguraba participación en utilidades y capacidad de decisión, sin necesidad de comprometer recursos frescos en proyectos de alto costo.
La fórmula cumplía tres objetivos estratégicos:
- Proteger el interés público, garantizando que las decisiones estratégicas no quedaran exclusivamente en manos privadas.
- Atraer inversión privada, al permitir que fueran los socios quienes asumieran el riesgo financiero y operativo.
- Mantener influencia estatal, mediante representación en el directorio y derechos reforzados asociados a las acciones privilegiadas.
Este modelo se diferencia del esquema de CODELCO, que opera como empresa 100% estatal, y se acerca más a las sociedades mixtas de la chilenización del cobre, donde el Estado aseguraba control sin necesidad de monopolizar la inversión.
En definitiva, la participación de ENAMI en Quebrada Blanca y Carmen de Andacollo constituye un ejemplo de cómo el Estado puede ser socio estratégico inteligente: aportando patrimonio minero, asegurando presencia en la gestión y liberándose de cargas financieras, sin renunciar a su rol de garante del interés nacional.




