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El Estado y el cobre: dueño, no explotador

  • Por Gastón Fernández Montero, Abogado especialista en Derecho Minero. //

Gastón Fernández Montero, Abogado especialista en Derecho Minero

La historia de la nacionalización del cobre en Chile es también la historia de cómo un país decidió tomar control de su principal riqueza natural. La creación de CODELCO en 1976 consolidó ese dominio estatal, asegurando que los beneficios del cobre quedaran en manos de la nación. Sin embargo, conviene recordar que la función esencial del Estado no es explotar minas, sino velar por el bien común.

EL DOMINIO ESTATAL COMO PRINCIPIO

El cobre pertenece a todos los chilenos. La Constitución lo reconoce como recurso de dominio público, y la nacionalización lo reafirmó como patrimonio nacional. El Estado, en consecuencia, tiene el deber de resguardar ese dominio y de cobrar un royalty justo como propietario de los yacimientos. Esa es su función soberana: garantizar que la riqueza mineral se traduzca en bienestar colectivo.

LA EXPLOTACIÓN: UN ROL DISCUTIBLE

La explotación minera exige eficiencia, innovación y capacidad de adaptación a un mercado global altamente competitivo. CODELCO, como empresa estatal, ha cumplido con entregar excedentes millonarios al fisco, pero también ha enfrentado rigideces propias de la gestión pública: burocracia, dependencia política y menor agilidad tecnológica frente a las compañías privadas.

Aquí surge la pregunta de fondo: ¿debe el Estado ser empresario minero, o más bien regulador y garante de que la explotación se realice en beneficio del país?

EL BIEN COMÚN COMO HORIZONTE

Si el Estado mantiene el dominio sobre las minas y cobra un royalty como dueño, cumple con su rol esencial. La explotación, en cambio, puede ser realizada por empresas —estatales o privadas— siempre que se asegure transparencia, justicia tributaria y respeto por el medio ambiente. Lo importante es que la riqueza del cobre se traduzca en salud, educación, infraestructura y desarrollo para todos los chilenos.

CONCLUSIÓN

CODELCO es símbolo de soberanía y orgullo nacional, pero no debemos olvidar que el Estado existe para velar por el bien común, no para convertirse en empresario. El desafío es encontrar un equilibrio: mantener la propiedad estatal de los recursos, asegurar un royalty justo y permitir que la explotación se realice con eficiencia y responsabilidad. Solo así el cobre seguirá siendo, de verdad, el sueldo de Chile.

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