Codelco se desiste de recurso contra Contraloría tras nueva resolución publicada en el Diario Oficial

• La estatal retiró el recurso de amparo económico que había presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que la Contraloría General de la República ajustara el criterio aplicable al control de operaciones societarias de empresas públicas productoras de cobre. La controversia se originó en el proceso asociado al proyecto de litio en el Salar de Ascotán, desarrollado por Minera Ascotán, sociedad coligada de Codelco.

El directorio de Codelco decidió desistirse del recurso de amparo económico interpuesto contra la Contraloría General de la República ante la Corte de Apelaciones de Santiago, cerrando así uno de los capítulos más sensibles de la disputa institucional surgida en torno al proyecto de litio en el Salar de Ascotán, en la Región de Antofagasta.

La decisión fue comunicada por la propia cuprífera estatal tras la publicación, el 9 de julio de 2026 en el Diario Oficial, de la Resolución N°14/2026 de la Contraloría, que modifica la Resolución N°36/2026 sobre normas de exención del trámite de toma de razón. Con ese cambio normativo, el órgano fiscalizador estableció un esquema especial de control para determinadas actuaciones de empresas del Estado, o públicas, productoras de cobre o de sus subproductos.

EL ORIGEN DE LA CONTROVERSIA: ASCOTÁN Y EL ALCANCE DEL CONTROL ESTATAL

El conflicto tuvo como antecedente el proceso vinculado al otorgamiento de un Contrato Especial de Operaciones de Litio (CEOL) en favor de Minera Ascotán, sociedad coligada de Codelco, en el marco del desarrollo del proyecto de litio en el Salar de Ascotán. La empresa estatal había recurrido a tribunales luego de que la Contraloría, liderada por Dorothy Pérez, formulara observaciones respecto de la forma en que debían someterse a control ciertas decisiones corporativas de la compañía.

En particular, el debate se centraba en si Codelco debía emitir actos administrativos y someterlos al trámite preventivo de toma de razón cuando adoptara decisiones relativas a sociedades en las que participa, como la constitución, modificación o participación en personas jurídicas vinculadas a proyectos estratégicos.

Desde la perspectiva de Codelco, esa exigencia alteraba las bases bajo las cuales la empresa ha desarrollado históricamente su actividad empresarial. La estatal sostenía que, aunque forma parte del aparato público, su operación se desenvuelve bajo reglas propias de una empresa que compite en mercados complejos, dinámicos y de alcance internacional, especialmente en sectores como el cobre y el litio.

LA NUEVA RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA

La Resolución N°14/2026 introdujo un cambio relevante en el modo en que la Contraloría ejercerá control sobre determinados actos de empresas estatales productoras de cobre o de sus subproductos. En vez de exigir que tales decisiones corporativas sean tratadas como actos administrativos sujetos a toma de razón, la norma contempla modalidades especiales de control de reemplazo.

Entre las materias sujetas a ese control se encuentran los acuerdos de directorio relacionados con la constitución, participación, modificación, retiro y extinción de personas jurídicas. También quedan comprendidas la adquisición de acciones u otros títulos de participación en sociedades, así como la autorización de aumentos o disminuciones de la participación del Estado, sus organismos o empresas, en el capital o en el directorio de sociedades donde tengan presencia.

Según el nuevo mecanismo, las empresas deberán remitir a la Contraloría, dentro de un plazo de 10 días hábiles desde la adopción del acuerdo respectivo, copia del acta correspondiente y los antecedentes que la fundamenten. Con esa información, el órgano contralor podrá revisar la documentación con el propósito de cautelar el cumplimiento de los fines de estas empresas y la regularidad de sus operaciones.

EL FUNDAMENTO DEL DESISTIMIENTO

En su desistimiento, Codelco precisó que la Contraloría modificó su criterio “en el sentido de no exigir a Codelco que emita actos administrativos sobre decisiones corporativas relativas a sociedades en las que tiene participación y los someta a toma de razón”. Ese ajuste cambió las bases que habían motivado la presentación del recurso de amparo económico.

De esta manera, la estatal optó por retirar la acción judicial presentada el 18 de junio ante la Corte de Apelaciones de Santiago, al estimar que la nueva resolución despeja el punto central de la controversia: el tipo de control aplicable a las decisiones empresariales vinculadas a sociedades donde Codelco mantiene participación.

El giro resulta significativo porque evita que el conflicto continúe escalando en sede judicial y devuelve el debate al plano administrativo e institucional. También instala un precedente para futuras operaciones societarias de empresas estatales del sector minero, especialmente en un contexto en que el litio se ha transformado en un eje estratégico para la política industrial y minera del país.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL Y GOBIERNO CORPORATIVO

Tras desistirse del recurso, Codelco reafirmó su respeto por las atribuciones de la Contraloría General de la República y aseguró que continuará colaborando con los procesos de fiscalización que el organismo realice dentro del ámbito de su competencia.

La señal apunta a resguardar la continuidad de los mecanismos de control público sin afectar la capacidad de gestión empresarial de la estatal. En esa línea, la compañía vinculó su decisión con la transparencia, el fortalecimiento de su gobierno corporativo y el cumplimiento del marco normativo vigente.

DECLARACIÓN PÚBLICA DE CODELCO

“En consideración a la publicación en el Diario Oficial del 9 de julio de 2026 de la Resolución 14/2026 de la Contraloría General de la República que modifica la Resolución 36/2026 del mismo organismo, el directorio de Codelco ha tomado la decisión de desistirse del recurso de amparo económico interpuesto por Codelco con fecha 18 de junio ante la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Codelco reafirma su pleno respeto por las atribuciones de la Contraloría y continuará colaborando en todos los procesos de fiscalización que realice en el ámbito de su competencia, en línea con el compromiso con la transparencia, el fortalecimiento de su gobierno corporativo y el cumplimiento del marco normativo vigente”.